Villarejo asegura que es víctima de un "código rojo" con el que el CNI quiso "silenciarlo" por denunciar ilegalidades

El comisario jubilado José Manuel Villarejo
El comisario jubilado José Manuel Villarejo - Marta Fernández Jara - Europa Press
Publicado: martes, 27 septiembre 2022 18:21

Sostiene que el principal objetivo de Sanz Roldán era hacerse con "el botín" de sus audios: "Le obsesionaba"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Villarejo ha puesto el broche al primer juicio celebrado por 'Tándem', la macrocausa donde se investigan sus negocios privados, denunciando el "origen chusco" de un caso que asegura que fabricó el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán para "silenciarlo", con la supuesta ayuda de policías y fiscales "confabulados", a modo de "venganza" por las denuncias que el ahora comisario jubilado había hecho sobre el "uso y abuso de las instituciones del Estado".

Villarejo, ataviado con toga y parche, ha tomado la palabra en la sesión de este martes para terminar el informe iniciado el día anterior por su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, para alicatar la tesis que ha dominado su estrategia de defensa a lo largo de los casi doce meses que suma ya esta vista oral por tres encargos puntuales: 'Iron', 'Land' y 'Pintor', por los que se enfrenta a 83 años de cárcel.

"La causa Villarejo es un código rojo", ha arrancado aludiendo a la película 'Algunos hombres buenos', donde "se ordenó eliminar" a uno de ellos y, aunque "todos lo negaron" porque aplicarlo era "ilegal", en el juicio se descubrió. "No puede haber más coincidencias (...) Siguiendo las órdenes del jefe del CNI aplicaron ese código rojo a uno de los suyos porque creían que con su conducta ponía en peligro los pactos y componendas con los que se mantenía el equilibrio de las instituciones del Estado", ha completado.

Así, ha explicado que el supuesto odio de Sanz Roldán hacia su persona obedece a las múltiples denuncias que desde los años 90 y hasta 2015 ha venido realizando contra el propio general, Asuntos Internos, fiscales anticorrupción y a otros "tantos poderosos" para alertar sobre "el atropello" de "quien ha permitido que se usara y abusara de las instituciones del Estado". Por todo ello, él mismo se ha descrito como "un temerario".

Al margen de las 'vendettas' personales, el comisario ha señalado que Sanz Roldán tenía en mente otro objetivo: el "botín" de su "archivo personal" de audios, los de las conversaciones que ha ido grabando durante años de todos aquellos con los que se ha reunido. "Lo que le importaba, lo que le obsesionaba, lo que le preocupaba eran los audios", ha enfatizado.

En este "montaje", Villarejo también ha incluido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción como "confabulados", insistiendo en este sentido en que la "patraña" de denuncia anónima de la que partió el caso nunca fue tal porque todos ellos habrían sabido desde el principio que quien la envió fue un "agente del CNI", David Vidal.

"UN ESTATUS ESPECIAL"

Además, ha vuelto a manifestar que desde 1995 disfrutaba de un "estatus especial" por el cual podía "actuar sin que nadie de su propio cuerpo lo supiera" para obtener la información de interés para el Estado usando CENYT como tapadera.

En este punto ha afirmado que todos los gobiernos desde entonces "emplearon sus servicios durante años y le ordenaron actuar en numerosas operaciones". "¿Abrimos ese melón?", ha retado.

A renglón seguido, el comisario se ha adentrado en un extenso repaso de su hoja profesional con el que ha destacado su intervención para evitar atentados, viajes a Oriente Próximo y en asuntos como el 11-M o los GAL, así como su presunta intermediación con la ex amante del rey emérito Corina Larsen.

"¿Si no hubiera tenido la convicción de estar actuando como servidor del Estado, me habría atrevido a denunciar?, ¿de no haber contado con la autorización de los gobiernos habría arriesgado la singular situación que tenía?", ha planteado.

Asimismo, ha querido llamar la atención sobre lo que considera una evidente "utilización política" de su causa. En este sentido, ha preguntado qué pasará "cuándo gobierne el PP" y cambien las tornas: "¿Aparecerán los encargos del PSOE?".

SE PODRÍA HABER HECHO "DE ORO"

En este contexto, ha indicado que, a pesar de que los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas le han pintado como "un sujeto abominable y ávido de dinero" que ha usado CENYT para llenarse los bolsillos con investigaciones privadas valiéndose de los medios policiales a su alcance, "todo es mentira".

A este respecto, ha reiterado que CENYT facturaba porque era la única forma de mantener viva la "tapadera", cuestionando si había otra forma de sostener "esas empresas de cobertura si el Estado no las financiaba de ninguna manera".

Por contra, ha reivindicado que era su "grupo empresarial familiar el que siempre pagaba todo", aunque no haya recibos firmados. "¿Acaso somos tan cínicos como para ignorar las estructuras 'offshore' que el CNI tiene para pagos inconfesables"?, ha lanzado.

A ello ha añadido que como se habría hecho "verdaderamente de oro" es vendiendo al mejor postor la información que obtenía de sus tratos con terroristas y traficantes de drogas y armas, entre otros.

UN "PROFUNDO QUEBRANTO" A SU REPUTACIÓN

Con todo, no ha dudado al volver a calificar esta causa de "general y prospectiva" porque se ha investigado "toda su vida, durante más de 30 años, para ver qué se puede encontrar" bajo la supuesta excusa de los "hallazgos causales".

Un "profundo quebranto" tras el cual dice que "difícilmente podrá restituirse una reputación personal y profesional, que era intachable hasta que Sanz Roldán decidió aplicar el 'código rojo'".

Villarejo se ha definido como "un viejo y cansado combatiente" que ha tenido "una colaboración absoluta y desinteresada" con todos los servicios de Inteligencia --civiles y militares-- para cuestionar "quién ha sido el pirómano" en este incendio.

En consecuencia, ha reclamado al tribunal presidido por Ángela Murillo que haga Justicia frente a la orden de "vale todo con tal de eliminar a un elemento problemático para el 'establishment'". De no ser así, ha alertado, "quiebra el Estado de Derecho".

De esta forma, tras casi dos horas, ha concluido su informe de parte, en calidad de abogado codefensor, renunciando a su derecho a al última palabra, del que sí han hecho uso otros acusados.

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