El Fiscal eleva a definitiva la petición de 8 años de inhabilitación a los ediles de Torrejón de 2001 al ver acreditada prevaricación
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juicio por presunta prevaricación contra los concejales de la Corporación municipal de Torrejón de Ardoz del año 2001 por el convenio con Patrimonio Siglo XXI ha quedado visto para sentencia después de que el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Carlos Ruiz de Alegría, haya elevado a definitiva la petición de 8 años de inhabilitación al considerar que "se ha acreditado prueba de que incurrieron en un delito de presunta prevaricación".
"Cuando se celebra el Pleno (en el que se aprobó el convenio), ellos (los concejales de PSOE y PADE) conocían el informe del señor del secretario y sus consideraciones, explícitas y contundentes respecto a la ilegalidad (de dicho convenio). Lo conocían ellos y también el resto de los concejales. Aquí no se puede hablar de disciplina de voto, asumen unas responsabilidades como concejales y tienen que saber sobre lo que votan", ha dicho.
"Se debatió en el Pleno acerca de la ilegalidad del convenio, con una advertencia muy seria. Estaban al cabo de la calle los concejales del PSOE y del PADE de que el voto implicaba una vulneración de la legalidad", ha añadido. En cuanto a si el informe del secretario estaba o no a disposición de los concejales, el fiscal ha asegurado que "estaba el día 23 y estuvo a disposición de los concejales".
En este sentido, el fiscal se ha referido también al acta del Pleno. "Como ahora podemos manejar el acta, el acta es muy ilustrativa también. El señor concejal de Urbanismo habla de que independientemente de la legalidad, 'bla', 'bla','bla'... luego se había debatido acerca de la legalidad", ha incidido.
Además, ha subrayado que se desconoce, a día de hoy, "quién redactó el material del convenio" y que cree que "vino redactado desde fuera". En su exposición, también ha señalado que intuye que "había una cierta estrategia del señor (Francisco Martín) Rojas y de la alcaldesa (Trinidad Rollán) de que esto tenía que aprobarse por encima de todo y pese a quien pese".
Asimismo, Ruiz de Alegría ha asegurado al dar cuenta de sus conclusiones que "no se puede decir si el convenio fue la opción que resultó más beneficiosa" para la localidad de Torrejón de Ardoz y ha puesto de manifiesto que las intervenciones de los últimos días han revelado un "cambio de estrategias" por parte de la defensa.
"LIBRE ABSOLUCIÓN"
Por su parte, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, ha anunciado que va a solicitar la "libre absolución por no ser los hechos constitutivos de delito alguno tal y como ha quedado demostrado" en el juicio que se celebra desde este martes.
En su intervención, Jurado ha contrapuesto los dos informes que se han manejado en el Plenario. "Un informe claro, de fácil entendimiento, meridiano y realizado por una funcionaria experta en derecho urbanístico que estuvo desde el inicio del procedimiento y que contiene las palabras mágicas "informe favorable" y "un informe ilegible, chapucero, farragoso y con ánimo de venganza", ha dicho.
"Es razonable que habiendo podido elegir, lo hubieran hecho por el primero, pero es que, además, el segundo no pudo ser visto", ha añadido Jurado. "Los acusados no tuvieron conocimiento de la existencia del informe del secretario ni mucho menos el de interventor", ha añadido el abogado, que ha apostado también por "poner en valor tanto los informes de la abogada funcionaria como los del arquitecto".
El abogado del PSM ha subrayado también que "el secretario hizo el informe porque se sintió molesto por la alusión a su trabajo en el acta". "No advirtió ni de la existencia de su informe en la intervención oral", ha insistido.
"Los concejales votaron basados en informes técnicos. Los que votaron a favor del acuerdo, incluso algunos de los que votaron en contra, desconocían la existencia del informe", ha sentenciado, al tiempo que ha recordado que los acusados son "absolutamente inocentes".
"GRAVÍSIMAS IRREGULARIDADES" E INCORPORACIÓN DEL ACTA DEL PLENO
El propio Jurado ha insistido en sus conclusiones a la incorporación del acta del Pleno en el que se aprobó el convenio. "La admisión irregular de esta prueba y la denegación a las defensas de las que pidieron ser traídas al juicio, darían mucho juego en hipotéticos recursos de casación o ante el Tribunal Constitucional, pero estamos convencidos que siquiera haga falta a las defensas utilizarlos porque aún con todos estos inconvenientes en modo alguno se ha podido probar que exista delito en la actuación perseguida", ha indicado.
También el abogado de Trinidad Rollán, Antonio González Úbeda, ha puesto de manifiesto las "gravísimas irregularidades en la tramitación del expediente" y se ha referido también a la "incorporación tardía" del acta del Pleno del 26 de noviembre, en el que se aprobó este convenio.
"Entendemos que la sala había acordado su desglose y devolución al ser una prueba que nadie había propuesto. Suponemos que ha habido una intromisión ajena al procedimiento cuando la Sala acordó de oficio incluir ese acta en el procedimiento. No se puede, de oficio, proponer una prueba que podría resultar incriminatoria", ha anticipado el letrado.
Por eso, González Úbeda ha avisado que esperará a ver la sentencia "para ver si el límite en el que el Tribunal podría haber incorporado este acta es su imparcialidad, puesto que "no podrá, y esto es importante, interpretar el acta de una forma inculpatoria" para sus defendidos, porque en este caso se produciría, desde su punto de vista, "una nulidad absoluta" del procedimiento.
El abogado de la defensa de Martín Rojas y otros concejales, Alberto Jabonero, ha manifestado que "habrá que valorar si lo que se ha incorporado es un documento y si ese documento es incriminatorio". "Las manifestaciones personales que se documentan en el acta de Pleno no tienen categoría documental", ha dicho.
Jabonero, que también ha retirado la solicitud de libre absolución, se ha referido también al hecho de si los concejales sabían o no que se podía estar cometiendo una ilegalidad dando luz verde a este convenio. "En el Pleno, ¿existió debate al respecto? Pues probablemente hubo debate, pero en el marco del discurso y de la confrontación política porque el secretario, teniendo la obligación legal de intervenir, no lo hizo, y él sabrá por qué. Tampoco lo ha aclarado aquí", ha incidido.
"PODRÍA LLEVAR ARCHIVADO 2 AÑOS"
El letrado y también imputado Julián López Jiménez ha señalado que "mal debe andar el Fiscal de argumentos cuando ha dedicado 3 minutos a hablar del cambio de estrategia" de la defensa y ha añadido que el caso "podría llevar archivado 2 años, si no hubiera sido porque una compañera acusada es diputada autonómica y en consecuencia hubo de venir a la competencia de este Tribunal".
López ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que el Fiscal ha omitido "toda referencia al informe del arquitecto municipal emitido para la Comisión de Gobierno" y ha recordado que el convenio supuso un importante "beneficio" para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Asimismo, ha pedido que se tenga en cuenta que, aunque en su caso, una hipotética sentencia condenatoria no supondría daños ya que no volverá a dedicarse la política, a otros de los acusados les podría afectar de forma importante en su trayectoria. "La mayor condena ya la tenemos encima, que es la sentencia de la opinión pública", ha dicho, quejándose de las críticas recibidas.
