Solicitan al Supremo que aplique un delito de falsedad en documento oficial para cada uno de los tres militares condenados
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 pide al Tribunal Supremo, en su recurso contra la sentencia dictada en mayo pasado por la Audiencia Nacional por el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, que amplíe de tres a seis años la condena que se impuso al general de Sanidad Vicente Navarro.
La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente, que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).
El recurso, de 66 páginas, solicita a la Sala de lo Penal del alto tribunal que aprecie la comisión de dos delitos continuados de falsedad por parte de los tres condenados, lo que conllevaría "mayores penas de las impuestas y una responsabilidad civil por el daño causado superior a la atribuida".
En este sentido, las familias consideran que "no resulta acertado concluir, como hace la sentencia de la Audiencia Nacional, que únicamente los certificados de defunción constituyen documentos falsos y que las actas de necropsias, por el contrario, no lo son con entidad y autonomía propia".
"No se llega a comprender cómo puede obviarse la calificación de documento falso penalmente relevante respecto de unas actas de necropsias en las que, del mismo modo que se hizo en los certificados de defunción falsos, también aquí los médicos que las elaboran saben a ciencia cierta (como consta en los hechos probados), que el cuerpo que le entregan en cada uno de los 30 casos no coincide con la identidad que se hace constar", señala el recurso.
MÁS AÑOS DE CÁRCEL E INDEMNIZACIONES
La asociación, que ejerció la acusación particular durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional, solicitan que Navarro y sus dos colaboradores sean condenados a seis años de cárcel y otros seis de inhabilitación, y que el primero pague una multa de 60.000 euros y los otros dos de 48.000.
En cuanto a la responsabilidad civil, reclaman que se pondere "adecuadamente" la situación de "duelo complicado" que vivieron los familiares y que ésta se amplíe a 25.000 euros para cada hijo, cónyuge y padre o madre de las víctimas y a 6.000 para cada uno de sus hermanos.
