AMPL.- El fiscal aprecia un delito de malversación de caudales públicos en el 'caso Cintruénigo'

Actualizado: martes, 17 marzo 2009 13:30

Cree que el responsable de estos hechos sería el secretario del Ayuntamiento y traslada la documentación a un juzgado de Tudela

PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, ha concluido la investigación en torno a la supuesta 'caja B' de Cintruénigo y considera que los hechos investigados "pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos" del que sería responsable el secretario del Ayuntamiento, José María González Sesma.

Así, el fiscal ha acordado remitir el contenido de la totalidad de la prueba practicada en estas diligencias junto con el escrito de denuncia para que un Juzgado de Instrucción de Tudela "proceda a realizar las actuaciones necesarias".

Según informó en un comunicado la Fiscalía Superior de Navarra, en el escrito de denuncia ha adjuntado una documentación relativa a la devolución por parte del secretario de la cantidad de 157.934,37 euros.

Ésta es toda la información que trasladó hoy a los medios el fiscal superior tras la investigación que inició después de que el alcalde de Cintruénigo, el socialista Adolfo Navascués, sospechara de la existencia de una doble contabilidad en el consistorio, una sospecha que trasladó entre octubre y noviembre a la Fiscalía y a la Cámara de Comptos para que iniciaran una investigación.

En concreto, en los últimos meses trascendió la existencia de una supuesta 'caja B' en el Ayuntamiento que estaba al margen de control contable y que había funcionado durante años. No obstante, se desconocía quién y cuándo ordenó la apertura de esta cuenta.

El ex alcalde Faustino León, primer edil entre 1995 y 2007, aseguró después de que trascendieran públicamente estos hechos que él desconocía la existencia de la 'caja B' y que la conoció en la actual legislatura, cuando ya había abandonado la alcaldía.

A raíz de esta investigación, la Fiscalía descubrió otra cuenta bancaria cuyos movimientos supuestamente no se recogían en ninguna contabilidad oficial. Se trata, al parecer, de una cuenta abierta por el secretario del Ayuntamiento y cancelada también por él en junio de 2008.

Estos hechos se conocieron en un momento de enfrentamiento político entre UPN y PSN en la localidad, después de que los regionalistas amenazaran con una moción de censura que finalmente no se llevó a cabo.