PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó esta mañana la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se excluyó el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de la nueva cárcel de Pamplona, decisión que el consistorio pamplonés considera que "no se ajusta a la previsión normativa de casos excepcionales", según el concejal de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible, Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Sánchez de Muniáin, que presentó en rueda de prensa esta medida adoptada por la Junta de Gobierno, dijo que la "única" razón que alega el Estado para no desarrollar la evaluación del impacto ambiental es la "urgencia", algo que no comparte la Junta de Gobierno ya que considera que la no realización del informe responde a "un retraso injustificado de la Administración central".
A juicio del concejal de Pamplona, el trámite de la evaluación de impacto ambiental es "fundamental" para determinar la ubicación y el contenido del proyecto. Asimismo, el edil comentó que el ayuntamiento entiende que hay "un deber de cooperación" entre administraciones que ha sido "negado sistemáticamente a este ayuntamiento y, por extensión, a todos los vecinos de Pamplona".
En este sentido, Sánchez de Muniáin explicó que de haberse atendido a este deber de cooperación se hubiera conjugado el "interés municipal por preservar la colina de Santa Lucía como enclave natural, con el interés de mejorar las instalaciones de centros penitenciarios por parte de la Administración central".
Por tanto, el concejal de Urbanismo afirmó que "no queda otro remedio" que el de acudir a los tribunales, para "evitar un error de imposible reparación". Además, el concejal de Urbanismo expuso que "no nos hemos basado en cuestiones políticas" y que el Ayuntamiento se presta a "colaborar" para la "adecuada ubicación y correcta ejecución" del nuevo centro penitenciario.