El Ayuntamiento de Pamplona recurre a la vía judicial para exigir la continuidad del servicio de bicicletas eléctricas

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona reclamará, vía judicial, la apertura de un concurso de acreedores para la concesionaria del servicio de bicicletas eléctricas de la ciudad, la empresa Ride On, "una vez se ha confirmado que, unilateralmente, ésta ordenó el viernes el cierre" de dicho servicio.

Esta reclamación ya se le ha comunicado formalmente a Ride On y se sustanciará en los próximos días con la presentación de la respectiva solicitud ante el tribunal de lo mercantil. El objetivo del Ayuntamiento es "restaurar el servicio y garantizar su continuidad durante el periodo de transición hasta la entrada de la nueva adjudicataria que se prevé comience en septiembre y esté a pleno rendimiento en diciembre".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, ha negado que el Ayuntamiento deba dinero a la empresa y ha añadido que de hecho es la compañía quien tiene una deuda de 70.000 euros con el Consistorio.

Según ha explicado, se dio a la empresa un anticipo de 200.000 euros que posteriormente "había que ir detrayendo de la prestación del servicio". En este sentido, "aunque se dice que es el Ayuntamiento el que ha dejado de abonar", el Consistorio estaba realizando las correspondientes liquidaciones "contra los 200.000" euros aportados como anticipo. "La empresa ni siquiera ha sido capaz de devolver esos 200.000 euros y, a día de hoy, habiendo hecho las liquidaciones del año 2025, está con una deuda hacia el Ayuntamiento de 70.000 euros", ha subrayado.

Aunque "la prioridad del Ayuntamiento de Pamplona ha sido la de alcanzar un acuerdo con la actual concesionaria para llevar a cabo una transición ordenada", el "cierre unilateral del servicio por parte de Ride On aboca a este nuevo escenario judicializado que, por otra parte, ya estaba previsto como posibilidad".

"Nuestro deseo principal era esa transición ordenada. No pudiendo ser así, la Administración pública va a asumir toda la responsabilidad que le corresponde, va a hacerse valer con todas las prerrogativas administrativas que tiene, que son muchas, y que vamos a resolver de la mejor manera posible", ha dicho Abaurrea.

A lo largo de la semana pasada y tras "la amenaza de cierre lanzada el pasado día 6", el Ayuntamiento "se centró en tratar de alcanzar un acuerdo basado en tres puntos fundamentales: pagos mensuales para garantizar el funcionamiento del sistema con parámetros de calidad (16.000 euros de anticipo mensual y pagos directos de los gastos principales del servicio), auditoría externa especializada para evaluar el estado del stock y control compartido de las cuentas y del pago de la deuda que arrastra la empresa".

Las "grandes deficiencias apreciadas" mediante la revisión visual del stock y "la negativa a que el mismo fuese auditado", así como "la exigencia de que el Ayuntamiento reconozca como deuda facturas sin emitir del entramado empresarial de su administrador único" habían "impedido ese acuerdo". El cierre del servicio, "ejecutado de forma unilateral el día 13, lo hace inviable".

CONCURSO DE ACREEDORES

A partir de ahora, el Ayuntamiento, como uno de los acreedores de la empresa, pondrá el marcha la reclamación del correspondiente concurso. En esa situación, el Consistorio "tratará de mantener el servicio negociando, directamente, con el administrador concursal".

En este escenario, "cabe la posibilidad de que se interrumpa el servicio durante un tiempo", pero el Ayuntamiento "ya ha diseñado un sistema para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets lo pierda".

Ya se trabaja en un trámite electrónico específico en el que se ofrecerá la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero. El Consistorio calcula que la cifra total de estos fondos podría rondar los 250.000 euros.

La otra gestión que ha llevado a cabo el Ayuntamiento es "asegurar las condiciones por las que Pamplona no perderá la subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE que recibió en 2023 para el sistema de bicicleta eléctrica".

REUNIONES Y CONTACTOS ANTES DEL "CIERRE UNILATERAL"

Desde que el viernes 6 de febrero Ride On emitiera un comunicado público anunciando el cierre "unilateral" del sistema hasta ejecutarlo una semana después, se sucedieron tres reuniones entre las partes y "decenas de comunicaciones".

En la primera, celebrada el pasado martes, se trasladó a Ride On la propuesta del Ayuntamiento para una "transición ordenada". Esta propuesta, en lo jurídico, se basaba en mantener la orden de continuidad del servicio. Respecto a la viabilidad económica, el Ayuntamiento ofrecía realizar un "pago mensual a justificar por importe de 16.000 euros además de asumir los pagos directos de los principales gastos del servicio (plantilla, alquiler de naves, equipos y servicios informáticos). Respecto a la mecánica de funcionamiento, se proponía realizar cada mes la justificación de los gastos correspondientes al mes anterior y realizar posteriormente un abono por el importe restante.

Como contraprestación, el Ayuntamiento planteaba dos requisitos: que Ride On se comprometiera a mantener el servicio "en las condiciones mínimas de calidad" y que se autorizara a una persona designada por el Ayuntamiento a tener acceso a las cuentas de la empresa "para poder verificar en cualquier momento su estado y el destino de los gastos". En cuanto al stock (400 bicis y 42 estaciones), se planteaba que una auditoría independiente determinara su estado y valor reales (los servicios municipales "muestran serias dudas sobre su viabilidad").

En la segunda y tercera reuniones, celebradas el martes y el jueves, la empresa presentó una contraoferta en la que "aceptaba algunas de las condiciones (el adelanto de efectivo mensual y dar acceso a las cuentas), pero no así otras". Los "principales escollos" se han localizado en los requisitos para la verificación del stock y en el orden de amortización de la deuda pendiente.

Respecto al stock, la empresa, "para paliar sus problemas financieros, exigía que se le abonaran 600.000 euros de forma inmediata sin que una empresa independiente llevara a cabo la verificación". Respecto a la deuda, Ride On "insistía en incluir facturas no contrastadas de empresas de su propio grupo para que fueran reconocidas por el Ayuntamiento". En cifras, "esto suponía una diferencia de criterios en torno a los 800.000 euros (el Ayuntamiento reconocería hasta 400.000 euros y la empresa reclama hasta 1,2 millones)".

EL NUEVO SERVICIO: 10 AÑOS Y CARÁCTER COMARCAL

De forma paralela a la puesta en marcha de la vía judicial, el Ayuntamiento "intensifica su labor" para cerrar la licitación para un nuevo servicio, esta vez "de pleno control municipal", que "se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de San Fermín, podría empezar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre".

Se trabaja sobre un contrato para la prestación de un servicio público por un total de 10 años. La futura operadora deberá mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona y mostrar la capacidad para "asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de ayuntamientos de la Comarca para ampliar el sistema".