Los cuatro grupos de la oposición de Pamplona denuncian que persisten los incumplimientos en la prestación del SAD

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona volvieron hoy a comparecer conjuntamente en rueda de prensa para denunciar que "persisten" las incidencias asistenciales de Amma Asistencial en la prestación del Servicio de Atención a Domicilio así como los "incumplimientos" del contrato.

Según expusieron, desde abril se han registrado 30 nuevas incidencias - anteriormente denunciaron hasta 41 casos graves de abandono-, entre ellas las de una mujer que ha puesto en conocimiento la deficiente atención a su madre vía registro. De estos casos, la oposición ha tenido conocimiento de forma extraoficial, ya que el equipo de gobierno no responde a los requerimientos de información, según denunciaron.

Ante la "gravedad" de los hechos, "uno de los más graves y escandalosos de toda la legislatura", y por primera vez "en largos años", la oposición ha convocado una comisión extraordinaria de Asuntos Ciudadanos, con un orden del día en el que figura la comparecencia de cargos políticos o de designación política (concejala, director de área, secretaría técnica y director de la asesoría jurídica) y técnicos municipales. Esperan que se celebre en un plazo de 15 días.

PSN, IUN, Aralar y los concejales de EA quieren recibir explicaciones sobre por qué el equipo de gobierno "niega los hechos", los "justifica" y elabora informes que contradicen las advertencias que en su día trasladaron los técnicos municipales.

Para los grupos, los incumplimientos arrastrados son de tal "gravedad" que exigen la "suspensión" del contrato y el "veto" a futuros concursos, según expuso Javier Eskubi, de Aralar, quien insistió en que Amma Asistencial ha "incumplido" el pliego de condiciones: "no ha realizado ni una hora de formación, es un desastre organizativo, incumple los horarios domiciliarios". Según Eskubi, esto es causa de "invalidación, suspensión" del contrato.

José Antonio Mancho, de IUN, denunció los "ocultamientos" por parte del ayuntamiento y exigió que se depuren responsabilidades empresariales y políticas por lo ocurrido. Criticó que se haya apartado a los técnicos de la investigación para sustituirlos por cargos de libre designación o que el equipo de gobierno acepte "las más peregrinas excusas" de la empresa para "salvarla".

"No se cuestionan los gravísimos hechos, sucedieron. Pero no es de recibo los intentos de exculpación de la empresa. Alguien debe responsabilizarse de que el director de la asesoría jurídica encima responsabilice a la administración", agregó Mancho, quien afirmó que la oposición no consentirá que los técnicos sean "cabeza de turco" por denunciar lo que ocurría.

El edil de Aralar afirmó que si el equipo de gobierno desconoce lo que sucede es "porque son ineptos o incapaces" de controlar, aunque aseguró que el rumbo del SAD no lo lleva la concejala "sino la empresa".

EL SAD

El SAD presta atención a unos 740 usuarios, la mayoría mayores de 65 años que necesitan ayuda para su vida normal. Del 25% se hace cargo el Ayuntamiento a través de empleadas municipales y del otro 75% Amma Asistencial, que tiene contratadas un centenar de trabajadoras familiares, que recientemente han logrado mejorar sus condiciones laborales en un nuevo convenio.

En junio, el TAN dictó que el Ayuntamiento no debió adjudicar a Amma la atención a domicilio porque no era la mejor oferta en el concurso y unos días después la concejala anunció que no se prorrogaría en 2007 el contrato a esta empresa, por lo que habrá que convocar un nuevo concurso para que otra sociedad se encargue del SAD a partir de enero. Eskubi teme lo que visualiza en su "bola de cristal", que se negociará la adjudicación bien con Mensajeros de la Paz o con la misma Amma Asistencial, "lo que sería un auténtico escándalo".

Para José Antonio Mancho, de IUN, "sin lugar a dudas" el servicio está constando más que si se ofreciera a través de una prestación directa del Ayuntamiento. Actualmente, Amma Asistencial recibe 2,1 millones. Según avanzaron, en el próximo pliego el pago ascenderá a los 2,8 millones.

Javier Ayesa, de EA, aseguró que esta denuncia no se enmarca en la dinámica equipo de gobierno-oposición sino que es consecuencia de una "mala gestión". También denunció que UPN-CDN tratan de "hipotecar" con el nuevo concurso al futuro equipo rector. Ainhoa Aznárez, de PSN, denunció que el equipo de gobierno utilice la situación de los ciudadanos para "beneficio empresarial" y afirmó que las privatizaciones de servicios no aseguran más derechos sino que perjudican la ciudadano.