Dos dictámenes solicitados por la Asociación de Constructores cuestionan la modificación de la ley foral de Vivienda

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos dictámenes jurídicos solicitados por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) concluyen que la modificación de la ley de derecho a la Vivienda en Navarra, aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 25 de junio, presenta "diversos motivos de inconstitucionalidad al aplicar, con carácter retroactivo, un régimen indefinido a promociones de vivienda protegida en alquiler realizadas bajo unas condiciones y unos plazos previamente establecidos, en virtud de los cuales dichas viviendas se descalificarían llegada una fecha cierta a contar desde su calificación definitiva".

Según ha explicado ACP en una nota de prensa, los dictámenes han sido solicitados al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Martín María Razquin Lizarraga, y al exletrado mayor del Parlamento de Navarra y exletrado del Tribunal Constitucional Manuel Pulido Quecedo.

Sus informes sostienen que la citada ley afecta a derechos adquiridos y vulnera la Constitución al incurrir en infracciones en su tramitación, en invasión de la competencia estatal en materia de vivienda, así como en violación de diferentes principios constitucionales, entre otros, seguridad jurídica, irretroactividad, confianza legítima, igualdad o derecho de propiedad.

Según señalan, la modificación aprobada implica una retroactividad plena, prohibida por la Constitución, ya que afecta a situaciones jurídicas cuyos efectos ya se habían consolidado en el patrimonio de las empresas.

Además de los motivos de inconstitucionalidad de la modificación aprobada, ACP Navarra considera que dicha modificación, tramitada de urgencia y en lectura única, "podía haberse abordado mediante un procedimiento que permitiera un análisis más amplio, la elaboración de informes y la participación de los distintos agentes afectados".

La reforma fue impulsada inicialmente por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin y finalmente aprobada con los votos de estas tres formaciones y de Geroa Bai. La modificación extiende la protección indefinida a las viviendas protegidas destinadas al arrendamiento o arrendamiento asequible que, conforme a la normativa vigente en el momento de su promoción, perdían su régimen de protección pasados unos años desde su calificación definitiva, impidiendo, además, su venta, y lo hace con efectos retroactivos.

ACP ha señalado que "la iniciativa tuvo una tramitación especialmente breve". "La proposición de ley se presentó el 11 de junio y fue aprobada por el pleno diez días después. La lectura única supuso que la iniciativa llegara directamente al pleno sin la tramitación ordinaria en ponencia y comisión", ha afirmado.

La asociación ha apuntado que "uno de los principales argumentos utilizados por los grupos parlamentarios proponentes de la modificación urgente fue la existencia de 108 viviendas protegidas que iban a perder su calificación durante el verano de 2026". "Sin embargo, la información facilitada por el Departamento de Vivienda, a través de una consulta al Portal de Transparencia, confirma que esas viviendas son propiedad de entidades públicas: 38 viviendas en Burlada cuyo propietario es el Ayuntamiento de Burlada, y 70 viviendas en Pamplona propiedad de Nasuvinsa", ha explicado.

Para ACP Navarra, este dato evidencia que "la urgencia invocada en relación con esas 108 viviendas no era tal y, por tanto, la modificación aprobada carecía de justificación, por lo que no debió tramitarse ni, mucho menos, ser aprobada". "La finalización de su período de protección no suponía por sí misma ni su venta inmediata a un operador privado ni la salida automática de sus inquilinos, y la circunstancia de que fueran viviendas de propiedad pública cambiaba sustancialmente el escenario presentado para justificar una reforma legislativa urgente", ha sostenido.

La asociación ha destacado que "las 108 viviendas que se utilizaron reiteradamente para justificar la necesidad de aprobar la reforma de manera inmediata no estaban en manos de un fondo de inversión, ni de un propietario privado dispuesto a venderlas, sino en el patrimonio de entidades públicas". "La información disponible muestra que los promotores son el Ayuntamiento de Burlada y Nasuvinsa. Por tanto, creemos que existía margen para estudiar una modificación de esta importancia con más tiempo, más información y un diálogo con el sector que lamentablemente no ha existido", han señalado desde la asociación.

ACP Navarra ha subrayado, además, que el debate "no debió plantearse como una elección entre mantener la legislación sin cambios o aprobar la modificación en apenas unos días". "Existió también la posibilidad de revisar el modelo contando previamente con las administraciones, los grupos parlamentarios, los promotores de vivienda protegida, las entidades vinculadas al alquiler protegido y el resto de las partes afectadas", ha afirmado.

La asociación ha considerado que una reforma con efectos sobre promociones calificadas conforme a una regulación anterior, y con consecuencias relevantes tanto para los inquilinos como para las entidades y empresas que participaron en la promoción de vivienda protegida, "hubiera merecido un proceso de interlocución, que no existió". "Que el Parlamento considerara necesario cambiar el modelo no significa que ese cambio tenga que hacerse sin escuchar a quienes están afectados por él. Había tiempo para buscar una solución que protegiera a los inquilinos, preservara los objetivos de la política pública de vivienda y, al mismo tiempo, ofreciera seguridad y previsibilidad a todas las partes", han añadido desde ACP.

Por último, la asociación ha destacado que, tal y como se trasladó a todos los grupos parlamentarios, "la modificación no ha dado solución a aquellas viviendas que, con anterioridad a su aprobación, ya habían perdido la calificación protegida, y solo ha servido para expulsar a la iniciativa privada que, desde la entrada en vigor de la ley, se ha visto obligada a desistir de la construcción de más de 300 viviendas que habían sido calificadas administrativamente para su alquiler protegido, agravándose así, aún más, la situación de escasez de oferta en el mercado".