Las encomiendas del Gobierno a sociedades públicas tendrán una publicidad idéntica a la de los contratos públicos

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las encomiendas del Gobierno de Navarra a las sociedades públicas tendrán una publicidad idéntica a la de los contratos públicos, según se desprende del decreto foral que hoy aprobó el Ejecutivo para regular estos encargos.

El consejero portavoz, Alberto Catalán, quiso precisar al término del consejo de gobierno que este decreto se había elaborado antes de las recientes "sugerencias" que la Cámara de Comptos volcó en un informe sobre la actividad de las sociedades públicas en 2004.

El consejero indicó que desde ese año el Ejecutivo ha estado "adoptando medidas" para mejorar la gestión y señaló que a las leyes forales de Contratos o Hacienda Pública se suma el decreto foral hoy aprobado, que fue promovido "hace meses" puesto que era preceptivo contar con el informe del Consejo de Navarra.

Las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria está sujetas a derecho privado. En el marco de la Ley de Contratos Públicos, el Gobierno regula las condiciones que deben cumplir las encomiendas a estos "entes instrumentales".

Así, según el decreto foral, para poder recibir encomiendas las sociedades sociedades públicas deben contar con la calificación de "ente instrumental", aprobada mediante acuerdo de Gobierno, que también acordará a qué departamento queda adscrito cada ente.

Sus ingresos de explotación deberán proceder, en su mayor parte, de la Administración o de sus organismos autónomos y sus estatutos deben precisar que carecen de "voluntad propia" frente a la Administración.

Los entes instrumentales están obligados a realizar los trabajos encomendados. Cuando un departamento del Gobierno u organismo autónomo precisa hacer una encomienda, deberá abrir un expediente que incluya trámites jurídicos, técnicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto.

Si el ente necesita el concurso de terceros, éste se realizará de acuerdo con la Ley Foral de Contratos Públicos y no tendrán consideración de terceros otros entes instrumentales de la Administración. Las encomiendas tendrán una publicidad idéntica a la de los contratos públicos.

El importe de las prestaciones de la encomienda se determinará conforme a los precios del presupuesto aprobado previamente por el departamento u organismo que haya realizado la encomienda.

INFORME DE COMPTOS

El órgano fiscalizador indicó en un informe publicado a finales de enero, sobre el año 2004, que en "muchos" casos los departamentos realizaban encomiendas "sin ajustarse" a la regulación y, además encargaban trabajos que "exceden claramente de los medios materiales y humanos, y en ocasiones, hasta del propio objeto social de la empresa pública a la que se realiza la encomienda".

Así, la Cámara de Comptos constató que en muchas de las encomiendas las empresas públicas contratan a su vez gran parte e incluso la totalidad del trabajo encomendado, a colaboradores externos, "superando los límites que el citado decreto establece para la contratación externa e incumpliendo, en ocasiones, los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad que deben presidir la contratación de las sociedades públicas".

El informe también detectó "deficiencias" en la autorización del Gobierno de Navarra de la encomienda y en la justificación por parte de las empresas de los trabajos encomendados. "En este sentido -señaló el informe- no consta que el Gobierno de Navarra, en general, compruebe y verifique la facturación y coste de los trabajos encomendados".

Respecto a las encomiendas, dado que la nueva Ley Foral de Contratos deroga el decreto de 2003, la Cámara de Comptos recomiendó la aprobación de otro que establezca los requisitos y límites necesarios para la correcta utilización de esta figura.

Este informe motivó que compareciera en el Parlamento el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, a petición de EA, que criticó por ejemplo que se adjudicara "a dedo" la organización de la exposición 'Navarra, un futuro entre todos', con un gasto superior a los 3 millones de euros.