El juicio por supuestas irregularidades urbanísticas en Egüés comenzó esta mañana y se prolongará durante 5 sesiones
PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde del Valle de Egüés Ignacio Galipienzo aseguró hoy, durante el juicio sobre las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante su mandato, que siempre fue "escrupuloso" en su gestión municipal y que confiaba en los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento a la hora de conceder la licencia en 2003 para la construcción de un apartahotel en suelo catalogado como 'escolar'.
Galipienzo respondía de esta forma a las preguntas del Fiscal, que solicita 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística de funcionario. En el juicio, que se inició esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, no se pueden tomar imágenes después de que el juez estimara la petición de uno de los abogados defensores.
En concreto, Ignacio Galipienzo está acusado de dictar una licencia de actividad y otra de obras para construir un apartahotel sobre una parcela destinada a usos escolares, cuando en aquel momento trabajaba para los promotores del proyecto (Grupo Empresarial Aricam). Según argumentó, en ese momento él "no sabía que tenía que gestionar esa parcela desde el punto de vista de la administración", es decir, que no conocía que tenía "relación la compra con la venta" y que su única función era la de "encontrar un comprador".
En el juicio, que comenzó pasadas las 10 de la mañana, también van a comparecer como acusados otros seis imputados en la causa, ya que finalmente el juez decidió admitir la personación como acusación popular de Aralar, aunque tanto el Fiscal, como la acusación particular y las defensas habían solicitado su retirada al considerar que no era legítima y que tenía intereses "políticos". Por esta razón, Galipienzo se negó a contestar a las preguntas del letrado de Aralar.
Al comienzo de su declaración, Galipienzo explicó que cuando comenzó su mandato al frente del Ayuntamiento del Valle de Egüés en 1999 trabajaba por cuenta ajena y no fue hasta enero de 2002 cuando empezó a trabajar por su cuenta al poner en marcha un pequeño despacho sobre consultorías de empresas. Según aseguró, aquellas funciones "desembocaron en temas urbanísticos, aunque en un principio esa no era la idea inicial".
Sobre su relación con Emilio Izquierdo Jiménez, consejero del Grupo Empresarial Aricam, que fue quien captó a Galipienzo y a José Luis Ruiz (titular de la sociedad RMA Urbana, a través de la cual Galipienzo recibía pagos por su labor como promotor inmobiliario para que realizaran trabajos para el grupo), aseguró que se conocían porque eran "vecinos" y al coincidir en varias ocasiones comenzaron a hablar de temas de trabajo.
Sobre la venta de la parcela 'escolar', Galipienzo aseguró que confiaba en el trabajo desarrollado tanto por Nuria Alas, arquitecta municipal en el Ayuntamiento en aquella época, como de Jesús Marco, entonces asesor legal del Consistorio. Ambos emitieron sendos informes favorables a la concesión de licencia de obras para construir el apartahotel.
Según recalcó el ex alcalde, en aquel momento entendió "que los técnicos del Ayuntamiento tenían la razón y se podía dar la licencia", ya que su trabajo "era intachable" y estaba convenido de que lo que escribían en los informes "era la verdad". De haber sabido que no era así, añadió, "nunca hubiera concedido la licencia". Asimismo, manifestó que "nunca" recibió presiones de la empresa Aricam para concederla.
En respuesta a las preguntas realizadas por la acusación particular del Ayuntamiento del Valle de Egüés, Galipienzo insistió que en "en aquel momento" no era consciente de que no podía participar como intermediario de la empresa por su condición de alcalde.
Galipienzo reiteró, esta vez en respuesta a los abogados de la defensa, que nunca participó ni aconsejó nada sobre los informes favorables de sus técnicos y que si hubiera tenido un texto contrario nunca hubiera dado la licencia. Afirmó además que los técnicos no sabían nada de sus otras actividades privadas, "ya que siempre he sido muy reservado con mis cosas".
También contestó a su letrado y afirmó que la compatibilidad de los servicios que daba a la empresa Aricam con la función pública "estaba declarada" en el Ayuntamiento y que por ello cobraba sólo el 60 por ciento por su labor como alcalde.
Asimismo, aseguró que en junio de 2002 su intención de futuro era no presentarse a las siguientes elecciones y dejar la política en 2003, como así se lo comunicó a su partido. Además, explicó que durante el periodo comprendido entre 1999 y 2003 otorgó como alcalde entre 300 y 350 licencias en Gorráiz y el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra nunca recurrió ninguna ni solicitó reuniones para analizar su conveniencia.
Sostuvo también que mantenía una relación de "colaboración" con este departamento, debido a los temas que había que tratar sobre asuntos de Sarriguren como los relacionados con la Ciudad de la Innovación. De hecho, sostuvo que se celebró una reunión justo una semana antes de los Sanfermines de 2003 con el departamento y en ella "no se censuró nada" sobre la licencia de la parcela y por lo tanto entendieron que se daba "como positivo".
EL RESTO DE ACUSADOS
Junto con el ex alcalde de Egüés, se sientan en el banquillo de los acusados otras seis personas. Se trata de la ex arquitecta municipal Nuria Alas Brun, el socio del ex alcalde José Luis Ruiz, los empresarios Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona y Conchita Flores, y el ex asesor municipal Jesús Marco.
El juicio, que se prolongará durante cinco sesiones y en el que también declararán como testigos 56 personas, se celebra 5 años y 5 meses después de que se presentase la denuncia por parte de los siete concejos del valle, que argumentaron en su momento falta de confianza en la justicia por el retraso y dificultades económicas.
