La gestión de la vivienda municipal de Pamplona será "un servicio público enfocado a la inclusión social"

Se regirá por una nueva ordenanza, denominada Aukera, que regulará las condiciones de acceso o las tipologías de contratos PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona convertirá la gestión de la vivienda municipal en un servicio público con el que impulsar la inclusión social a través de itinerarios temporales que faciliten a las familias o personas beneficiarias el acceso al mercado inmobiliario normalizado. Este servicio público se regirá a través de una nueva ordenanza, denominada Aukera (oportunidad), que concibe las viviendas municipales destinadas a la emergencia habitacional y las que se vayan rehabilitando o traspasando de otros tipos de contratos, 613 en total, como bienes dotacionales (no son viviendas finalistas, sino temporales), de carácter público y uso transitorio.

Así lo han explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2023, Joxe Abaurrea, la directora del área, Uxua Domblás, y el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón. "El objetivo es crear un nuevo servicio de vivienda e inclusión social, una solución vanguardista y eficiente como respuesta a la situación actual y a la creciente demanda; un sistema más eficiente socialmente porque aportara itinerarios de inclusión y porque generara más oportunidades con los mismos recursos", ha indicado Abaurrea.

El acceso a estas viviendas se definirá a través de la combinación de tres conceptos: tipología de la vivienda, condiciones de la persona o familia solicitante y nivel de renta, garantizando siempre que ninguno de los alquileres que se fijen supere los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados). Según han explicado ambos concejales, la duración máxima de estancia se fijará en un máximo seis años a lo largo de los cuales las personas inquilinas recibirán asesoramiento y acompañamiento para "posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible".

Dependiendo del nivel de renta de las personas o familias solicitantes, se les asignará una tipología determinada de vivienda que se corresponde a la situación que estén pasando: emergencia económica, transición o estabilización. Aunque el grueso del parque se destinará a estos usos, se reservarán también algunas viviendas para emergencia por catástrofe y para realojo urbanístico. Por último, a medida que se resuelvan los contratos de renta antigua, esos inmuebles se incluirán en el catálogo del nuevo servicio público. Las viviendas se disfrutarán en régimen compartido y se establecerán unas condiciones mínimas de convivencia que las personas beneficiarias estarán obligadas a cumplir.

Durante la rueda de prensa se ha lanzado el mensaje de que "nadie que cumpla los requisitos establecidos en la nueva ordenanza y que esté actualmente alojado en viviendas municipales tendrá que salir de ahí, aunque lleven tres años o más en ellas". Para ello el Ayuntamiento ha ideado un régimen transitorio que "dará la oportunidad a las actuales personas inquilinas a retomar el nuevo sistema (tres años en la modalidad de transición) siempre y cuando cumplan los requisitos de renta, estar al corriente de los pagos y ajustarse a las condiciones de autorización de uso (residencial)".

La intención del Ayuntamiento es reunirse con todas las personas y familias que a día de hoy están alojadas en estas viviendas y tratar la casuística de forma individualizada.

AYUDAS REGLADAS, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y MÁS PERSONAL

Según han indicado, la nueva ordenanza garantizará también que, como máximo, las familias beneficiarias del servicio público de vivienda municipal paguen lo mismo que lo que están pagando las que están acogidas en viviendas sociales gestionadas por el Gobierno de Navarra. En el caso de Pamplona se especifican algunos baremos propios. Así, según ha explicado Mauleón, se contemplan exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% de las cuotas de alquiler en función de los niveles de renta de las personas o familias acogidas. Las víctimas de violencia de género pagarán un 10% del total. Estas exenciones se irán modificando a medida que, gracias al acompañamiento social, la situación financiera de los residentes vaya mejorando.

Para posibilitar la puesta en marcha de este servicio público, el Ayuntamiento de Pamplona incrementará el personal. Así, frente a la única persona que anteriormente se encargaba del acompañamiento en las denominadas viviendas de emergencia habitacional, a partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, se contará con 13 profesionales más del programa 'Etxe bat', que se encargarán de estas tareas. "Es evidente que si lo que queremos impulsar es la inclusión social, el Ayuntamiento ha de hacer un esfuerzo importante también en personal", ha indicado Mauleón. A esta plantilla que cubre el aspecto social se unirá, en el administrativo, el personal de la Oficina de Vivienda.

Así, se ha creado un nuevo puesto de responsable para la Oficina de Vivienda. La plantilla la completan una asesora jurídica, una trabajadora social, una arquitecta técnica y tres administrativas. "Tenemos la necesidad de lograr una buena coordinación y colaboración, especialmente con el área de Acción Social, para la gestión compartida de este servicio público", ha señalado Abaurrea.

REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A ESTE NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Esta ordenanza, que sustituye a la de 2016, se integra en la estrategia del Plan de Vivienda Asequible del Ayuntamiento de Pamplona. "Tratamos de influir sobre la especial afección que para las personas en exclusión social tiene la falta de vivienda", ha indicado Abaurrea.

En la legislatura 2015-2019, han detallado, ya se puso en marcha una ordenanza de vivienda de emergencia habitacional, la primera impulsada en Pamplona, que "permitió la recuperación y puesta en servicio de casi 200 pisos y dar cobertura a 313 familias". "Aquella fue una experiencia de éxito, pero los años de abandono que vinieron después impidieron que evolucionara. Esta nueva ordenanza supone un paso más en tres direcciones: permitirá seguir recuperando viviendas, permitirá gracias a la rotación que más familias y personas puedan beneficiarse de ellas y, finalmente, impulsará un sistema real y eficaz para que personas usuarias puedan acceder a las condiciones económicas que les permitan ir con garantías al mercado normalizado".

Entre los requisitos para acceder a viviendas municipales se encuentran ser mayor de edad y empadronamiento en Pamplona o con residencia efectiva demostrable de más de 2 años antes del acceso efectivo. En el caso del derecho al acceso a la modalidad de emergencia habitacional, se deberá contar con informe favorable de los servicios sociales, y podrá excepcionarse los dos años de empadronamiento. Será obligatoria la inscripción en el Registro de solicitantes de Vivienda municipal del Ayuntamiento de Pamplona y también deberá constar en el Censo de solicitantes de vivienda protegida del Gobierno de Navarra.

No haber rechazado con carácter previo una vivienda social o protegida tanto del Ayuntamiento de Pamplona, como del Gobierno de Navarra o de cualquier entidad que le haya ofrecido un recurso habitacional, será otro de los requisitos exigibles para acceder a este nuevo servicio público. Además, la persona deberá estar en búsqueda activa de vivienda, pública o privada, según sus posibilidades económicas, y se compromete al pago del precio público mensual y de los gastos por los suministros de la vivienda. Finalmente, la vivienda se deberá mantener en buenas condiciones y se observará un buen comportamiento en la comunidad vecinal.