Compareciente en la comisión de investigación. - PARLAMENTO DE NAVARRA
PAMPLONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Francisco Javier Lorente, gestor del bar Franky, ha manifestado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública que "no participé ni tuve conocimiento alguno de la existencia de ninguna trama política ni de irregularidades relacionadas con adjudicaciones o contratos públicos". El establecimiento aparece en la investigación de la UCO de la Guardia Civil como un presunto intermediario que realizaría facturas falsas, fórmula que se utilizaba para el pago de 'mordidas' en el 'caso Cerdán'.
Al inicio de la sesión, Lorente ha tomado la palabra para exponer que su actividad ha sido "exclusivamente empresarial" como propietario con su esposa de un restaurante en Pamplona. "No he sido cargo público ni he tenido responsabilidad política alguna. No he recibido ni percibido ningún dinero para mi patrimonio personal", ha expuesto.
Lorente ha señalado que "existe un procedimiento judicial en curso que afecta a los hechos sobre los que, previsiblemente, versarán sus preguntas" y que "por responsabilidad, no voy a pronunciarme sobre estos hechos concretos, que están siendo investigados, ni a valorar informes incorporados a dicha investigación". "Responderé únicamente a aquellas cuestiones que no interfieran con el procedimiento judicial", ha advertido al inicio.
Ha explicado que, junto a su esposa, regentó el bar Franky, ubicado frente al Palacio de Justicia de Pamplona, durante cuatro años, hasta diciembre de 2019.
Al inicio del turno de preguntas por parte de UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que en el informe de la UCO de la Guardia Civil aparece el bar Franky y dice que "el establecimiento ha sido, de alguna manera, posiblemente utilizado para lavar cantidades de dinero provenientes, presuntamente, de esas adjudicaciones relacionadas con la obra pública o con presuntas mordidas".
Ante dicha afirmación de Sánchez de Muniáin, Francisco Lorente ha comentado que "no voy a pronunciarme" porque "hay una investigación judicial y yo de eso no tengo que hablar".
El parlamentario regionalista ha defendido que, al no estar el compareciente investigado en la causa judicial, "tiene obligación de responder a las preguntas". La letrada de la comisión ha tomado la palabra y ha aclarado que "si él tiene conocimiento de las preguntas que se le formulan y está relacionado con el objeto de la comparecencia, tiene obligación de decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen".