PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles dos acuerdos en los que manifiesta su disconformidad con las proposiciones de ley foral sobre inclusión social, renta garantizada e inclusión activa presentadas por los grupos parlamentarios de UPN y PPN.
El Ejecutivo foral considera que ambas proposiciones plantean "restricciones para la percepción de la Renta Garantizada que se alejan de las directrices establecidas por la Unión Europea en esta materia y pueden resultar discriminatorias".
Por una parte, UPN ha planteado modificar la ley foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. Según ha señalado el Gobierno, "las propuestas de los regionalistas están enfocadas a limitar las condiciones para la percepción de la renta garantizada y su período de duración, así como disminuir el importe de la ayuda en función del tiempo que ha transcurrido desde que se percibe, con la finalidad de evitar que este ingreso tienda a cronificarse y desincentive la búsqueda de empleo y la inclusión social".
A este respecto, UPN plantea la necesidad de que las personas extranjeras que reciban estas ayudas se encuentren en situación regular y conozcan el español o cursen enseñanzas tendentes a su aprendizaje ofertadas por las administraciones públicas. También considera que cualquier delito leve debe ser constitutivo de una infracción grave que lleve aparejada la imposibilidad de percibir la renta por el periodo de tiempo establecido en la proposición de ley, según ha indicado el Ejecutivo.
El grupo parlamentario del PP de Navarra ha planteado una proposición de ley foral del derecho navarro a la inclusión activa, que propone la derogación de la actual ley foral 15/2016 e introducir requisitos como un período mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra para acceder a prestaciones.
Para justificar su disconformidad con ambas proposiciones, el Gobierno de Navarra señala que ambos textos se alejan de la "abundante evidencia que existe en el mundo académico y científico" sobre la utilidad de las prestaciones económicas, así como de la recomendación que la propia Unión Europea dictó en el 20 de enero de 2023 sobre las políticas de rentas mínimas.
"Aunque son muchas las políticas que pueden tener un efecto importante sobre las tasas de pobreza de una sociedad, hace tiempo que sabemos que los programas de prestaciones dinerarias tienen un papel fundamental en combatir la pobreza, tanto en países avanzados como en desarrollo", sostiene el Ejecutivo en los dos acuerdos de disconformidad.
El Gobierno de Navarra ha afirmado que las directrices de la UE establecen que "los Estados miembros deben garantizar una renta mínima adecuada para cubrir necesidades básicas, que debe tener en cuenta el nivel de vida y los precios del país, que debe ir acompañada de acceso a servicios esenciales (sanidad, vivienda, educación), que debe incluir formación y apoyo al empleo y políticas de inclusión activa, que debe ser fácil de solicitar, que debe poder pedirse de forma individual (no solo por hogar), que debe tener criterios transparentes y no discriminatorios, y que no debe limitarse en el tiempo".
El Gobierno de Navarra considera que la ley foral 15/2016 "es susceptible de ser mejorada", pero no en los términos que plantean UPN y PP, sino con "mejoras que permitan acompañar y proteger a las personas en etapas de vulnerabilidad y que a la vez planteen itinerarios efectivos de inclusión social, línea en la que está trabajando el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo".
