Creará una comisión de trabajo interdepartamental para desarrollar los ejes estratégicos
PAMPLONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra va a impulsar en los próximos meses una política activa para atender a las personas objeto de desahucios y lanzamientos judiciales de primeras viviendas a través de una atención general de los casos, la intercesión ante las entidades financieras para alcanzar los mejores acuerdos posibles para ambas partes y, en los casos de mayor desamparo, brindar apoyos temporales que palien la situación de las familias desalojadas.
A tal fin, el Gobierno de Navarra ha tomado el acuerdo de crear en los próximos días una comisión interdepartamental en la que intervendrán los departamentos responsables de las áreas de Consumo y Políticas Sociales, de Vivienda, de Economía y Hacienda, y de Justicia, junto con la participación de la Federación de Municipios y Concejos, a fin lograr una acción integral ante este problema.
Esta comisión se va a constituir de forma inmediata y estudiará el establecimiento de diversas líneas de trabajo. Una de ellas es la que se refiere a la obtención y cribado de datos de procesos de desahucio en coordinación con las instancias judiciales; otra al reforzamiento del servicio de mediación hipotecaria que el Gobierno ofrece desde el 24 de octubre; una tercera a la formación y apoyo en la búsqueda de empleo, y la cuarta, con medidas paliativas, entre ellas la creación de una bolsa social de alquiler para atender las necesidades más precarias.
Para crear esa bolsa de alquiler, el Gobierno va a tratar la posibilidad de alcanzar convenios con entidades bancarias para la cesión de viviendas vacías o para que la actuación de desahucio termine, en la mayor parte de los casos, en soluciones de dación en pago con alquiler social durante un cierto tiempo.
La Administración Foral, a través de la sociedad pública Nasuvinsa, aportará viviendas a este exclusivo fin, diferentes de las que actualmente destina a alquiler protegido. Complementariamente, se estudiarán tratamientos diferenciados en fiscalidad para entes colaboradores en la política antidesahucios.
Con este tipo de medidas se pretende paliar situaciones de desarraigo derivadas de la privación de la vivienda, prestando un apoyo "temporal" que salve las necesidades más inmediatas, así como buscar, en última instancia, medios para mejorar las posibilidades de recuperación económica de las familias.
El consejero de Fomento del Gobierno foral, Luis Zarraluqui, ha manifestado que se busca atender preferentemente "aquellos casos que sean más precarios para que puedan ser acogidos durante un tiempo y en la medida en que puedan salir y recuperar otra medida de alojamiento dejen vacía esa vivienda para que otros puedan sustituirlos".
Zarraluqui ha detallado que "todo se va a vehicular a través de la oficina de mediación hipotecaria, que es nuestra puerta de entrada al sistema". "Por un lado, tomamos contacto con las personas que nos ponen en conocimiento estas cuestiones y la oficina recibirá también información del departamento de Justicia para que tenga conocimiento de los procesos detallados que se ponen en marcha de ejecución hipotecaria, de manera que puedan intervenir incluso antes", ha indicado.
En este sentido, el consejero ha manifestado que se ha detectado que "a veces se llega tarde a la oficina de mediación". "Hay diversas circunstancias personales comprensibles que hacen que los afectados tomen actitudes de negación de lo que les vienen", ha dicho, para añadir que esto "es comprensible pero no lo deseable". "Hay que exponer el problema antes, cuando se puede intervenir", ha afirmado.
LÍNEAS DE TRABAJO
Las líneas de trabajo que se plantean inicialmente por esta comisión son la identificación de los casos de desahucio o susceptibles de ello; la elaboración de planes personalizados de liquidación de deuda, tanto durante los procesos judiciales como tras la ejecución hipotecaria; el establecimiento de medidas paliativas temporales, y la adopción de posibles medidas de apoyo en la formación y búsqueda de empleo como medio para recuperar la solvencia económica.
Según ha recordado el Gobierno, los juzgados de Navarra registraron un total de 818 ejecuciones hipotecarias de diversa índole (primeras viviendas, segundas viviendas, bajeras, locales de negocio, solares, etc.). El Gobierno tiene previsto establecer líneas de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para conocer las distintas casuísticas.
Hasta el pasado 31 de enero, este servicio de mediación hipotecaria dependiente del Servicio de Consumo y Arbitraje - con oficinas en Alsasua, Estella, Pamplona, Santesteban, Sangüesa, Tafalla y Tudela- del Departamento de Políticas Sociales ha atendido a 248 personas (primeras citas), que han motivado la apertura de 170 expedientes (por ejemplo, una consulta no motiva la apertura de un expediente).
El servicio de mediación ha dado por finalizados 64 expedientes, 46 de ellos con acuerdos satisfactorios y 18, sin acuerdo. De los 46 satisfactorios, 18 consistieron en daciones en pago; 15 en reestructuraciones de la deuda (novación o subrogación de la deuda - por ejemplo, traspaso de la hipoteca a otra entidad que ofrece mejores condiciones- o aplicación de periodos de carencia); 1 condonación de deuda; y 12 fueron acuerdos de diferente índole, entre los que destacan dos paralizaciones de lanzamiento, conforme al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que retrasa dos años la ejecución de las hipotecas a familias que cumplen determinados requisitos.
A esta labor del Gobierno de Navarra se añade la de la oficina de mediación hipotecaria del Ayuntamiento de Pamplona: 220 personas han realizado consultas desde su creación el 4 de septiembre de 2012, año que acabó con 23 expedientes finalizados o en fase de finalización y 38 abiertos, a los que se han sumado 17 expedientes de mediación en el primer mes de 2013.
Asimismo, un total de 254 ha recibido ayuda del programa Provivienda del Ayuntamiento desde 2004. El número de beneficiarios ha ido creciendo: 10 en 2004 y 51, 64 y 65 en 2010, 2011 y 2012, respectivamente; con 38, 34 y 25 casos nuevos. Asimismo, está en trámite una ordenanza para que familias desahuciadas puedan utilizar viviendas municipales.
