PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida exigió hoy la retirada de cualquier "ayuda o subvención pública" al club Larraina. La formación criticó la actitud "machista y homófoba" de esta sociedad, que además de impedir el acceso a mujeres ha expulsado a un socio por su condición transexual.
IU defendió que el club privado puede aplicar las normas que crea más conveniente, "pero no es menos cierto que las administraciones publicas también pueden y deben intervenir ante situaciones de exclusión social hacia una parte de la sociedad". Además, reclamó a la actual Junta directiva que rectifique dicha decisión y adapte los estatutos "a la realidad social actual".
IU sostuvo que el club está vulnerando el artículo dos de la declaración de los derechos humanos; el articulo 14 de la Constitución, el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra y "absolutamente toda la normativa europea". No obstante, destacó que "sobre todo está incumpliendo un derecho democrático básico: la existencia de una sociedad en la que todas las personas sean tratadas por igual y puedan acceder a los mismos espacios".
Asimismo, Izquierda Unida reclamó al Ayuntamiento de Pamplona que promueva campañas de información social "que denuncien los comportamientos lesbo, homo y transfóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad, así como la completa supresión de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas".
EL CASO
El club Larraina, fundado hace casi 75 años, es de uso exclusivo para hombres. Un grupo minoritario crítico, que reivindica una mayor apertura, aprovechó una laguna de las estatutos y favoreció la inscripción como socio de un hombre transexual. Se ha operado para ser mujer pero su DNI mantiene la anterior condición.
Esta persona sólo ha acudido un día a las instalaciones, pero la directiva le ha remitido un burofax en el que le comunica que deja de ser socio, argumentando que la decisión "nada tiene que ver con su condición sexual". Según argumentan, se produjo un "error burocrático".
