PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona investiga una denuncia presentada por una mujer el pasado día 8 de abril por un delito contra la libertad sexual, supuestamente cometido en la madrugada del día 5 en un piso de la calle Jarauta de la capital navarra.
Hasta el momento, en las diligencias judiciales, que no están declaradas secretas, están investigadas tres personas, que fueron detenidas el 11 y el 16 de abril por la Policía Nacional y que quedaron en libertad tras comparecer ante el juez de guardia, sin que por el momento se hayan adoptado contra ellas ningún tipo de medida cautelar, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.
Desde el TSJN han remarcado que el hecho de que una persona tenga la condición de investigada "significa que tiene la facultad de ejercitar el derecho de defensa en el procedimiento en el que se le investiga". Así, en esta fase inicial del procedimiento penal, el juez instructor va a analizar si efectivamente hay indicios de que se ha llevado a cabo un hecho delictivo o no, y, tras las averiguaciones que considere oportunas, dictará un auto de apertura del juicio oral o el archivo del procedimiento.
Previamente a la formulación de la denuncia, ha agregado el TSJN, la mujer acudió a un centro de salud, que activó el protocolo previsto en los casos de delitos contra la libertad sexual, motivo por el cual se personó en el lugar un médico forense para examinar a la víctima.
Asimismo, según ha indicado, en el momento de la interposición de la denuncia, en las dependencias policiales, se ofreció a la víctima la posibilidad de ser asistida por un abogado, circunstancia que rechazó, así como por un psicólogo, una asistencia que aceptó y, por tanto, recibió en la propia sede policial.
El magistrado que instruye la causa quiere transmitir a la sociedad que "las víctimas tienen derecho a su intimidad, a su propia imagen y a su dignidad, lo que implica que no es lícito revelar o publicar datos que puedan permitir su identificación, y que tienen derecho a esperar un ejercicio razonable y respetuoso con dichos derechos de las libertades de información y de expresión".
De igual manera, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona quiere recordar que la Constitución "reconoce a todas las personas el derecho a ser considerados inocentes mientras no haya una sentencia firme que declare su culpabilidad, así como el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, lo que exige que otros derechos fundamentales sean ejercidos con prudencia y profesionalidad y siempre dentro de los límites constitucionales y legales".
Finalmente, el instructor también recuerda que para garantizar todos esos derechos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la eficacia de la acción de la justicia en la investigación y castigo de los delitos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que las diligencias de instrucción son "siempre reservadas", lo que implica que no deben ser reveladas a terceros durante esta fase del proceso.
"Cualquier funcionario público o autoridad, cualquier abogado o procurador y cualquier particular o institución que revele el contenido de las diligencias sumariales, aunque no se hayan declarado secretas, puede ser sancionado con multas de hasta 10.000 euros e, incluso, puede incurrir en un delito y la colaboración con cualquiera de ellos en la difusión del contenido de las diligencias de instrucción puede constituir una cooperación en la comisión de dicho delito", señala el juez.
