El Parlamento foral rechaza la propuesta de UPN para reformar la renta garantizada

PAMPLONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al recibir únicamente el apoyo de UPN, PPN y Grupo Mixto (Vox), frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la toma en consideración de la proposición de ley foral de UPN que planteaba modificar la norma que regula los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

Entre otras cuestiones, UPN planteaba que esta ayuda se percibiera un máximo de tres años y de manera progresiva. La iniciativa fijaba, además, la obligación de estar en situación regular y carecer de antecedentes penales para acceder a esta prestación. Además, rechazar una oferta de empleo supondría la retirada de la ayuda.

También se establecía la obligación del conocimiento del idioma español o acreditar que se está acudiendo a formación que ofertan las administraciones públicas, escolarizar a hijos menores a su cargo y no rechazar un empleo, excepto en situaciones como ser mayor de 65 años, estar en edad escolar, tener una incapacidad temporal, invalidez o por "causas excepcionales que impidan que pueda ejercer ese empleo". Como causas para la extinción de estas ayudas, se incluía rechazar el empleo con estos condicionantes o que a lo largo de la prestación se cometan los delitos recogidos en la modificación de la ley.

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha afirmado que "nadie puede poner en duda que UPN está a favor de la renta garantizada, pero no está a favor de la actual renta garantizada, una renta garantizada centrada principalmente en prestaciones económicas, que no está alcanzando los objetivos de integración sociolaboral previstos y cuya gestión adolece de falta de control suficiente". A su juicio, esta ayuda "tiene que ser temporal, orientándola a la integración social y laboral y ligándolo a unos compromisos concretos". El sistema actual, ha dicho, "no funciona". "No controla, no exige y acaba perjudicando tanto a aquellos que lo necesitan como al conjunto de la ciudadanía de Navarra", ha manifestado.

Olga Chueca, del PSN, ha calificado de "clasista y discriminatoria" la propuesta de UPN, que muestra "un preocupante desconocimiento de lo que es la pobreza y la exclusión social". "Construyen su modificación sobre dos pilares, el abuso y el descontrol, y de paso culpan a las personas y familias que cobran esta prestación. Pero los datos no les dan la razón", ha subrayado, tras destacar que "no existe una cronificación masiva, ni un mal uso generalizado" y que el sistema "ya se somete a controles y revisiones". "Tenemos algo valioso y lo que toca es mejorarlo, no desmantelarlo", ha apuntado, tras añadir que el Gobierno "ya trabaja en una reforma seria".

Desde EH Bildu, Jabier Arza ha afirmado que la renta garantizada "es mejorable, como cualquier política pública". "Pero estas mejoras que hay que hacer tienen que ser hechas con una responsabilidad que las derechas no están demostrando", ha señalado, tras remarcar que "responsabilidad es, en primer lugar, tratar con respeto a las personas usuarias de esta prestación". Según Arza, "las derechas tratan a este 5% de la población como vagos" y como "presuntos delincuentes". Además, las propuestas planteadas se vinculan con "mantras carentes de fundamento" y "parece que piensan más en el potencial electorado de UPN que en la inclusión social de las personas beneficiarias de la renta garantizada".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha calificado la proposición de ley como "bodrio, cosa mal hecha, desordenada, de mal gusto" y "desvarío", y ha criticado que en UPN "falsean muchas cosas de lo que hoy está suponiendo la ley de renta garantizada" y propagan "falsedades". "Su proposición de ley gira en torno a convertir en sospechosa de delinquir a cualquier persona que se encuentre en una situación de carencia de ingresos y, por tanto, ejerza su derecho a solicitar la renta garantizada", ha manifestado. A su juicio, el modelo de UPN se basa en "criminalizar, estigmatizar, casi como perdonando la vida, a las personas que están en situación de pobreza".

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha señalado que el modelo actual "ha resultado fallido" y que "nace con una visión parcial, pone casi exclusivamente el foco en la prestación económica y deja sin desarrollo la inclusión social". "El modelo está agotado. Y cuando un modelo está agotado, no basta con hacer ajustes, hay que cambiarlo", ha indicado. A su juicio, "cualquier paso que introduzca mejoras" es "positivo", y la propuesta de UPN "lo hace" pero "no es el cambio definitivo que Navarra necesita". "Introduce ajustes, modificaciones, pero no aborda el problema de fondo, sigue partiendo de la misma lógica, la centralidad de la prestación económica", ha manifestado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha señalado que la propuesta de UPN es "un bárbaro recorte social" y un "hachazo social que bebe del ideario más reaccionario de la extrema derecha", de quienes "están aspirando a ser una mala fotocopia" en cuestiones como esta. "Esta proposición busca recortar cuantías, recortar prestaciones, recortar perceptores, endurecer requisitos y, de manera aparentemente racista, señala y criminaliza a los navarros y a las navarras migrantes", ha criticado. Según Guzmán, "una vez más", la derecha se muestra "muy fuerte ante los débiles" y "de lo anecdótico o puntual" hace "categoría" y pretende "generar alarmismo social".

En nombre del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha apoyado la propuesta de UPN "no porque sea la panacea, que no lo es, sino porque al menos empieza a poner algo de sentido común en un tinglado que lleva casi diez años desbocado". A su juicio, el planteamiento de UPN "se queda cojo" en algunos aspectos. Entre otras cuestiones, a pesar de que la modificación planteada exige residencia legal en España, "no dan prioridad a los navarros". "UPN se vende como el partido de Navarra, el partido foral, el partido de los navarros, pero cuando llega la hora de decir 'primero los de aquí', se les encoge el alma", ha dicho, tras añadir que "eso se llama tibieza pura".