PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra rechazó hoy la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Nafarroa Bai e Izquierda Unida para modificar la ley de enjuiciamiento criminal en materia de derechos de las personas detenidas y retenidas, o que se encuentren en las dependencias policiales. UPN, PSN y CDN votaron en contra de esta iniciativa, que, de ser aprobada, hubiera sido enviada a las Cortes Generales para su tramitación.
La proposición planteaba añadir a la ley un nuevo apartado según el cual se debían introducir equipos de grabación de vídeo y audio "en todas las zonas de las comisarías de policía y otros lugares donde puedan estar presentes las personas detenidas, salvo en los casos en los que esa vigilancia viole el derecho de esas personas a consultar con un abogado o un médico en privado".
Asimismo, la proposición establecía que todas las grabaciones se mantendrían "en lugar seguro durante un plazo razonable para garantizar que estarían a disposición del Juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal y, en su momento, de la defensa".
Finalmente, en la modificación propuesta se garantizaba "a toda persona privada de libertad el derecho a escoger un abogado de su elección, a ser visitado por un médico de su elección y a comunicar al familiar o a la persona que desee el hecho de la detención y el lugar de la custodia, sea comisaría, cuartel o centro penitenciario, en que se halle en cada momento".
La parlamentaria de Nafarroa Bai Paula Kasares afirmó que esta iniciativa persigue "abolir el régimen de incomunicación" y afirmó que este régimen ha sido "duramente criticado por organismos internacionales de derechos humanos porque facilita la tortura".
Kasares criticó que "no existe un protocolo sistemático de grabación" y se preguntó "qué problema hay en introducir esta reforma, para acabar con las dobleces de los discursos en favor de derechos humanos mientras se favorecen espacios que impulsan la impunidad".
Desde IUN, Ana Figueras manifestó que "las personas pueden estar privadas de libertad, pero no por ello dejan de tener otros derechos" y consideró que debe haber equipos de grabación para que "las Fuerzas de Seguridad no se extralimiten" en su actuación. "No nos tiene que crear problemas a ninguno de los poderes del Estado que haya transparencia en cualquiera de las detenciones que se puedan producir", dijo.
En contra de esta propuesta, el parlamentario de UPN Eradio Ezpeleta afirmó que "no por insistir mucho en una mentira esta se convierte en verdad" y mostró su "apoyo y solidaridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que quedan cuestionados con esta propuesta".
Además, expresó su confianza en las FCSE y pidió que se deje de "sembrar dudas y sospechas". Según expuso, NaBai e IUN "no quieren hablar de derechos humanos, sino de supuestas torturas en las detenciones". Igualmente, afirmó que "mientras exista la lacra de ETA", UPN no apoyará la abolición del régimen de incomunicación.
Por parte del PSN, Amanda Acedo pidió la retirada de esta proposición de ley al entender que es "innecesaria e inoportuna" y argumentó, por ejemplo, que "el Gobierno socialista ha optado desde 2008 por extender la instalación de los sistemas de grabación, se han puesto los medios, y la disponibilidad de grabación y la disposición de médico de elección ya fue aprobada por el Ejecutivo central".
Igualmente, apeló a las competencias que tiene el juez, que es quien "decreta la incomunicación para proteger las pesquisas, pero puede intervenir también en las decisiones de cómo transcurre la detención".
Finalmente, desde CDN, Juan Cruz Alli, que suscribió la intervención de la parlamentaria socialista, afirmó que su grupo cree "en los derechos y libertades, que deben ser garantizados por todos los medios que establece el Estado de Derecho", y resaltó que "los jueces tienen unas posibilidades inmensas de establecer esas garantías, con plena capacidad de discrecionalidad para adoptar decisiones".
