La Plataforma por la Educación Pública pide a los partidos que "no bloqueen" la iniciativa sobre reducción de ratios

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Educación Pública ha reclamado a los grupos parlamentarios que se posicionen a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular registrada en mayo para reducir las ratios en todas las etapas de la educación pública de Navarra porque "existe un riesgo real de intentar bloquear la ley por la puerta de atras, impidiendo con ello su debate en el pleno del Parlamento".

Así lo han indicado este miércoles en nombre de la plataforma Joserra Elgorriaga, Laura Pérez, Lidia Sánchez y Narila Mondragón, que en una rueda de prensa han dado lectura a un comunicado en euskera y castellano sobre la situación en la que se encuentra dicha iniciativa, registrada el 13 de mayo por los colectivos Ratioak Jaitsi 0-18, la Plataforma 0-3 de Navarra, la federación Sortzen y la Plataforma por la Educación Pública.

Según han destacado, "esta medida es imprescindible para garantizar una atención adecuada a las niñas y los niños y adolescentes y reducir el fracaso escolar, prevenir el acoso y asegurar una mejor atención a la diversidad". "En definitiva, para mejorar la calidad de la educación que recibe todo el alumnado, independientemente de su origen o de sus condiciones socioeconómicas", han subrayado.

A su juicio, "ahora que los resultados de PISA han puesto de manifiesto un descenso significativo del nivel del alumnado navarro, esta medida resulta todavía más urgente". "No es una reivindicación nueva. Las trabajadoras de la educación llevamos años reclamando una reducción de ratios y esta ha sido también una de las principales reivindicaciones de las grandes movilizaciones y huelgas de los últimos años", han remarcado.

Las familias, han continuado, "también hemos agotado todas las vías institucionales". "En 2024 presentamos cientos de quejas ante el Defensor del Pueblo de Navarra, solicitando que se estableciesen unas ratios acordes con las recomendaciones europeas. En 2025 acudimos al Parlamento de Navarra para instar a los distintos partidos políticos a promover una ley foral en este sentido", han relatado.

A pesar de que "la mayoría de los grupos políticos consideraron positiva la propuesta, ninguno asumió el compromiso de impulsar dicha ley, que independientemente de quién gobierne, blinde las ratios en todas las etapas de la educación pública". "Sin embargo, para proteger a la enseñanza concertada sí fueron capaces de aprobar de un día para otro una ley que entró en vigor el pasado mes de junio", han criticado.

En cuanto a la situación de la iniciativa registrada, han explicado que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces la han remitido al Gobierno de Navarra "para que en plazo de diez días emita un informe favorable o desfavorable sobre la misma".

"Tendremos que esperar para conocer la posición del Gobierno, pero a la vista de los informes jurídicos que hemos recibido hasta ahora, podemos prever que probablemente se informe desfavorablemente, utilizando como excusa el impacto presupuestario que tal iniciativa legislativa podría tener", han subrayado.

Es decir, "existe un riesgo real de intentar bloquear la ley por la puerta de atrás, impidiendo con ello su debate en el pleno del Parlamento". "Por ello, a los partidos con representación en la Mesa y Junta del Parlamento les hacemos una petición muy concreta: que se posicionen a favor de la tramitación de esta iniciativa legislativa popular. Que no recurran a ningún tipo de artimaña jurídica ni mecanismo antidemocrático para rechazar una medida de tal envergadura y de tanto impacto directo en la calidad de la educación pública. Que la tramiten, que nos permitan comenzar con la recogida de firmas para la cual son muchas ya las personas que se han ofrecido voluntarias, y que posteriormente voten a favor o en contra, pero que bajo ningún concepto eviten el debate democrático", han reivindicado.

Desde la plataforma han añadido que "según los cálculos del propio Departamento de Educación, la reducción de ratios en todas las etapas educativas tendría un coste de 131 millones de euros, pero basándonos en las ratios recomendadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, sabemos que podría requerirse una cantidad superior".

"Cuantía que en ningún caso debe considerarse como un gasto sino como la más rentable de las inversiones. Por ello, pedimos que en la elaboración de los Presupuestos, cuya negociación ya ha comenzado, se destine a este objetivo la correspondiente partida, y lo mismo en Presupuestos posteriores", han manifestado.

Esta medida "sería un primer paso fundamental para elevar la calidad de la enseñanza y empezar a corregir el desastroso nivel reflejado en el informe PISA". "El dinero no puede ser un obstáculo, es una cuestión de prioridad y de voluntad política. Más aún cuando ha sido este Gobierno el que en los sucesivos Presupuestos ha incrementado año tras año el dinero destinado a la educación concertada, con 170 millones de euros en 2024, 180,5 millones en 2026, sin contar los 139,5 millones adicionales que habrá que sumar para los próximos cuatro años, como consecuencia de la ley aprobada en junio en beneficio de la enseñanza concertada", han subrayado.

Según han criticado, "cada vez se destina más dinero público a la escuela privada". "En los últimos diez años, el 87% de las líneas educativas cerradas son de la red pública. Invertir en la educación pública ha de ser una prioridad, ya que es la única que tiene como objetivo prioritario la igualdad de oportunidades, cualquiera que sea la procedencia, situación socioeconómica o sociolingüística del alumnado", han añadido.

Desde la plataforma han remarcado que la reducción de ratios "será solo el primer paso, en ningún caso el último" y que "no vamos a normalizar que el dinero público se derive a intereses privados".

En respuesta a los medios de comunicación, Laura Pérez ha explicado que "el objetivo principal" es que la iniciativa se admita a trámite, porque "existen precedentes en los cuales, pese al informe en contra del Gobierno, los partidos políticos pueden admitir a trámite una iniciativa legislativa popular cuya inadmisión no solo sería antidemocrática, porque está bloqueando por la puerta de atrás el debate en el Parlamento, donde ya tendrán la potestad de votar a favor o en contra, pero que además podría ser inconstitucional, con lo cual la vía jurídica tampoco la descartamos".

Ha añadido Pérez que en ese caso, "obviamente también nos movilizaríamos, porque consideramos que si no tienen en cuenta una medida tan esencial y básica y de sentido común como es la reducción de ratios en todas las etapas de la educación pública, ¿qué otras reivindicaciones van a aceptar?".