Plataforma de Inquilinos de Valle de Egüés pide estudiar fórmulas de recuperación de viviendas protegidas descalificadas

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Plataforma de Inquilinas e Inquilinos del Valle de Egüés ha reclamado que se estudie una vía de recalificación o de nueva calificación como vivienda protegida para las promociones que han perdido esa condición en los últimos años y que se analicen "fórmulas de recuperación de viviendas protegidas descalificadas, especialmente cuando estén en manos de grandes tenedores en la zona tensionada".

Así lo han señalado este miércoles Maika Rosell, Magdalena Resa y Nil Solá, en nombre del colectivo, en una sesión de trabajo parlamentaria solicitada por EH Bildu. En concreto, Rosell ha destacado la "creciente dificultad para acceder y, sobre todo, para permanecer, en una vivienda digna y asequible en nuestro municipio".

Según ha indicado, en "los últimos meses se ha multiplicado en Sarriguren el número de lanzamientos judiciales por impago o por finalización de contrato". "Al mismo tiempo, convivimos en las mismas calles pisos tapiados y cerrados, propiedad de grandes tenedores, con familias que no encontramos dónde vivir. Esto no es escasez de vivienda, es un modelo que trata a la vivienda como activo financiero, antes que como derecho social", ha criticado.

A su juicio, el Parlamento de Navarra "ha dado un paso importante" con la aprobación de la ley foral que suprime la posibilidad de vender las VPO en alquiler tras 21 años y extiende el régimen de duración indefinida, pero esta norma "no protege a las promociones cuyo plazo ya ha vencido" antes de la entrada en vigor de esa ley, "que es justamente" lo que "está ocurriendo". Rosell ha defendido que esto se "corrija", porque "no tendría sentido que una reforma pensada para proteger el parque público dejara fuera precisamente a las viviendas más antiguas y, por lo tanto, más cercanas a perder la protección".

Además, entre otras cuestiones, ha planteado que "se estudie una vía de recalificación o de nueva calificación como vivienda protegida para las promociones que ya hemos perdido esa condición en los últimos años". Asimismo, ha reclamado "que se refuerce el derecho de tanteo y retracto del Gobierno de Navarra sobre estas viviendas descalificadas, cuando estén en manos de grandes tenedores".

Por su parte, Magdalena Resa ha criticado que en Sarriguren "convivimos con pisos vacíos, tapiados y cerrados con candado, propiedad de grandes tenedores que prefieren retener el activo antes que ponerlo en el mercado, mientras familias vulnerables son desalojadas de las viviendas de al lado".

A su juicio, "necesitamos el cumplimiento de los límites del precio de alquiler en la zona tensionada por parte de los grandes tenedores". "Segundo, que se explore con las herramientas legales disponibles, como tanteo y retracto o régimen sancionador, la manera de limitar la retención especulativa de vivienda vacía por parte de grandes tenedores, especialmente en zona tensionada", ha añadido.

En tercer lugar, ha reclamado "que se dé continuidad, más allá del caso concreto de Sarriguren, a una estrategia navarra frente a los fondos de inversión que compran parques protegidos y a precios de saldo y esperan a que caduque la protección para venderlo o alquilarlo a precio de mercado".

En este sentido, ha reclamado la "supervisión activa y sanción efectiva del incumplimiento de los límites de precios por parte de grandes tenedores", una "garantía real y alternativa habitacional antes de cualquier desahucio que afecte a familias vulnerables, con un protocolo de coordinación vinculante entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa". Igualmente, ha apostado por un "impulso de fórmulas de recuperación de viviendas protegidas descalificadas, especialmente cuando esté en manos de grandes tenedores en la zona tensionada".

Por su parte, Nil Solá ha compartido que "en Sarriguren no falta vivienda, sobran pisos vacíos y tapiados y faltan garantías", y ha reclamado "que se refuerce con medios humanos y económicos reales la capacidad de los servicios sociales del Valle de Egüés para intervenir de forma temprana, no sólo el día del lanzamiento, en cualquier proceso de desahucio que afecte a una unidad familiar vulnerable".

En cuanto a la ampliación de Sarriguren, que permitirá la construcción de 6.000 viviendas -entre el 70% y el 80% protegidas-, ha criticado que "se construyen nuevas y se deja desprotegidas a todas las personas que llevamos viviendo allí hace más de 20 años". "Tenemos identificadas 2.000 familias en esta misma situación y sabemos que hay más", ha advertido.

En nombre de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha afirmado que en Sarriguren "se produce una paradoja", ya que "se proyectan miles de viviendas nuevas protegidas, y justo al lado, viviendas protegidas construidas hace 20 años están perdiendo su protección". En este sentido, ha considerado "necesario" una estrategia pública "clara" y ha apostado por "construir, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial; conservar el parque de vivienda público que tenemos; y recuperar" las viviendas públicas "que se están perdiendo".

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha remarcado que "nosotros siempre hemos dicho que se debe aprovechar y dar un nuevo impulso a la construcción de vivienda, entre otras medidas", si bien "no estamos de acuerdo" con la normativa de zonas tensionadas "debido a los problemas que puede crear cara al futuro", porque "lejos de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler y en compra, están alejándola".

Desde el PSN, Kevin Lucero ha remarcado que "hoy tenemos la herencia recibida por gobiernos que estaban más preocupados por la rentabilidad que tenían los activos inmobiliarios, como los llaman ellos, frente al derecho a la vivienda". "Eso a día de hoy, con los gobiernos progresistas, ha cambiado. Es verdad que revertir décadas de políticas antisociales es muy complicado, es muy difícil. Pero ahora tenemos gobiernos progresistas que ven en la vivienda un derecho, no un activo financiero. Y para ello han hecho importantes avances normativos", ha apuntado.

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha subrayado que "atravesamos en Navarra una situación difícil" en materia de vivienda, y que "sí que se está trabajando, sí que se está teniendo sobre todo a las personas en el centro de las políticas que se están tomando". "Y creo que los resultados también están siendo positivos", ha manifestado, tras añadir que "debemos seguir avanzando" porque "queda todavía mucho por hacer y son diferentes las medidas que se deben articular".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha defendido que "el que la vivienda sea un derecho no es una opción, es un mandato constitucional". "Otra cosa es cómo considera cada uno hacer efectivo ese derecho. Unos grupos políticos entienden que debe ser a través de una muchísima mayor intervención pública y otros grupos políticos consideramos que debe incrementarse la oferta, que deben eliminarse trabas administrativas, que hay que facilitar la construcción y el alquiler con ayudas e incentivos", ha remarcado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que "hacemos nuestras vuestras peticiones" y que "veremos cómo podemos llevar a cabo la mejor política de vivienda, sobre todo para intentar solucionar el problema para aquellos que quieren acceder, pero también para aquellos que ya tienen una vivienda y que tienen un problema nuevo con el que no contaban hace 20 años".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha señalado que el "derecho a una vivienda asequible y digna, es a día de hoy, un brindis al sol", y que este problema "se ha acrecentado". A su juicio, "hoy lo único que vemos es mucho intervencionismo, muchas zonas tensionadas", pero "no se está haciendo nada". "Estos gobiernos progresistas, de boquilla, con su voracidad fiscal y su intervencionismo, solamente están haciendo que la cosa vaya peor", ha manifestado.