La Policía Foral ha detenido este año a 222 personas por quebrantamientos judiciales, 38 menos que el año anterior

La Policía Foral ha detenido durante este año a 222 personas acusadas de quebrantar medidas judiciales, tanto de condena como cautelares, lo que supone un 18% del total de detenidos, que a día de hoy asciende a 1.258 personas. Son 38 casos menos que en el referido periodo del año anterior.

Según han informado desde el cuerpo policial, los detenidos e imputados por quebrantamientos de medidas cautelares ascienden a 154 personas, mientras que 68 corresponden a quebrantamientos de condena.

Ambos se consideran delitos contra la Administración de Justicia. La diferencia principal entre el quebrantamiento de medida cautelar y el quebrantamiento de condena reside en el tipo de resolución judicial incumplida.

El primero se refiere al incumplimiento de una medida impuesta por un juez durante un proceso penal para asegurar la presencia del acusado o proteger a la víctima (orden de alejamiento o prohibición de acercamiento, por ejemplo), mientras que el segundo lo es por incumplimiento deliberado de cualquier resolución judicial (pena tras sentencia, medidas de seguridad).

En la mayoría de los casos se incumplen "de forma unilateral, siendo los menos incumplimientos consensuados por ambas partes del proceso" (en casos así, "el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad por el quebrantamiento al autor del incumplimiento").

La casuística del servicio policial "hace que se actúe casi diariamente respecto a estos delitos", con labores sobre todo preventivas "que las patrullas ejercen constantemente", como seguimientos, contacto con la víctima, protección si es necesario, vigilancia de las rutinas y lugares frecuentados, etc.

Se dan situaciones como una identificación rutinaria de un quebrantador o una llamada de una víctima protegida informando del quebrantamiento. En muchos casos, víctima y autor viajan juntos en el mismo vehículo y son identificados, "a sabiendas de que existe una prohibición expresa que no ha sido modificada judicialmente".

La "gran mayoría" de estos quebrantamientos están relacionados con medidas cautelares o sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, medidas que se adoptan para la protección de la víctima del maltrato.

Asimismo, se considera también como quebrantamiento el hecho de inutilizar, no llevar consigo o manipular el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos -en según qué casos- para el cumplimiento de las resoluciones judiciales adoptadas, ya sea por una sentencia o medida cautelar durante el proceso judicial.

El sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN), en función de la evaluación de riesgo de cada caso, "exige unas medidas de protección y un plan de seguridad personalizado a la víctima".

Estos planes son desarrollados por las unidades de Seguridad Ciudadana de las diferentes comisarías de Policía Foral, que supervisan que dichas medidas de protección a la víctima "no se vean vulneradas".

En función del nivel de riesgo se realiza una protección policial permanente (riesgo extremo), acompañamientos discretos a la víctima, patrullajes aleatorios por los recorridos rutinarios de éstas, vigilancia de domicilios de residencia y de trabajo y seguimiento de los propios autores a través de entrevistas con éstos, vigilancia sobre sus hábitos y movimientos, etc.

Mediante el "trabajo coordinado de estas unidades policiales" se ha reducido el número de quebrantamientos respecto al año 2024 por las mismas fechas. Concretamente, este servicio de protección, atención, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas "ha contribuido a que en el año actual se hayan dado 38 casos menos que en el referido periodo del año anterior".