PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra -dirigido por la vicepresidenta segunda y consejera Ana Ollo- ha aprobado los primeros doce reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.
Los reconocimientos han sido propuestos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación y al amparo de la correspondiente ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, norma aprobada por el Parlamento que pretende la reparación de las personas objeto de este tipo de violencia que se tradujo en fallecimientos, personas heridas y daños físicos o psicológicos por acciones violentas, desproporcionadas e ilegítimas en el contexto victimológico citado, según ha destacado el Gobierno foral en una nota. En esta primera fase -a la que seguirán nuevos pronunciamientos- se han concluido también cuatro solicitudes inadmitadas.
Tal y como se contempla en dicha norma, el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, ha firmado ya las primeras resoluciones que han venido precedidas por el trabajo de la citada Comisión durante el último año, órgano que está examinando además otros sesenta expedientes que se encuentran en diferentes fases del procedimiento. La comunicación por parte del Gobierno de las decisiones respecto a los casos resueltos se hace de forma directa a las personas reconocidas y a sus beneficiarios, respetando estrictamente la normativa de protección de datos personales en todo el expediente.
En el caso de estos primeros doce reconocimientos se encuentran los de dos personas fallecidas como consecuencia de la violencia ejercida en distintas circunstancias; tres personas heridas por arma de fuego de distinta consideración en el entorno de los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín de 1978 y otra víctima más que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial de un contexto temporal posterior. A estas víctimas hay que sumar otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.
En esta primera fase de tramitaciones ha habido cuatro solicitudes no admitidas al considerar la Comisión de Reconocimiento y Reparación que no se cumplían los requisitos especificados en la legislación vigente.
Desde una perspectiva de género, dos de las doce víctimas son mujeres. Cronológicamente estos doce casos se extienden desde los años 1969 hasta 1994 y los hechos se produjeron en el espacio de la Comunidad foral, salvo uno de ellos.
Todos ellos han sido valorados por la Comisión de Reconocimiento y Reparación que está compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, por dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal. Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social. Este órgano fue constituido a través de una orden foral de la consejera al amparo de dicha ley.
El Gobierno foral ha explicado que el compromiso de las instituciones navarras con la reparación de las vulneraciones de los derechos humanos producidos por motivos políticos trae causa de una primera ley foral, la ley foral 16/2015, de 10 de abril, parcialmente declarada inconstitucional por sentencia TC 85/2018, de 19 de julio, que, "para mayor seguridad jurídica y estabilidad del sistema de reconocimiento a las víctimas", fue sustituida por la actual y vigente ley foral 16/2019, de 26 de marzo.
Este último texto legal también fue objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad si bien el Tribunal Constitucional declaró expresamente la conformidad de la norma foral con la Carta Magna en sentencias 108/2021, de 13 de mayo y 135/2021, de 24 de junio.
En el plano institucional y político, la ley foral logró en su momento el respaldo mayoritario del Parlamento foral y su desarrollo ha estado presente en los sucesivos acuerdos programáticos que han sustentado los Gobiernos de Navarra desde 2015, aunque ha sido en legislatura actual cuando -tras los distintos procesos administrativos necesarios- se están produciendo los pronunciamientos prácticos y también se ha consignado una partida económica en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024, recientemente aprobados por el Parlamento foral, que posibilita -además de la reparación moral- la indemnización económica en los casos y cuantías determinados por la Comisión.
De esta forma el Gobierno de Navarra ha señalado que, desde una "visión integral, sin equiparaciones ni diluciones, avanza en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, también de éstas, teniendo en cuenta sus propios contextos victimológicos diferentes y dentro de su apuesta global y coherente por la convivencia y la memoria democrática".
En este sentido, el Ejecutivo ya venía aplicando tanto la ley foral 9/2010, de 28 de abril, de Ayuda a las víctimas del Terrorismo, como la ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.
