MADRID 22 Sep. (OTR/PRESS) -
Lo más curioso es que sea el PP y no IU quien ponga el grito en el cielo ante lo que ya parece un hecho consumado: la aceptación de la insolidaridad y el desequilibrio social a la hora de repartir el dinero de todos. Pero si curioso es que IU no diga hasta ahora nada, lo que resulta patético es que estas decisiones las tome precisamente el PSOE, un partido de izquierdas que sustenta a un Gobierno presidido por alguien que se declara "rojo".
Que de cada 100 euros de inversión en el 2008, 37 se los repartan entre Cataluña y Andalucía, al menos da que pensar y hasta sospechar. La explicación es tan sencilla como injusta: a Cataluña se le da la cantidad que se le da por su contribución en el PIB y a Andalucía por su población. Dos criterios distintos que abren la puerta a todo tipo de posibles desigualdades. Naturalmente -y con toda la razón- Canarias esgrime su insularidad, Madrid su aportación al PIB (mayor que la catalana) y su capitalidad y así podríamos seguir con cada una de las Comunidades que tienen tanto derecho a negociar bilateralmente sus presupuestos como Cataluña o Andalucía y a renegociar sus estatutos con idénticas cantidades y, lo que es muy grave, con blindajes a largo plazo.
Ya me puede decir la señora vicepresidenta lo que quiera y repetirlo el bueno de Solbes y reafirmarse el mismísimo presidente: o esto no es electoralismo del peor estilo o que no digan que son de izquierdas cuando están entronizando la injusticia distributiva o subordinándola a intereses claramente partidistas. Hay que ser muy forofo para no admitir que esto es así y que, una vez más, las autonomías menos conflictivas y/o menos influyentes en la hora de las urnas, se quedarán en la cola de los presupuestos.
Se puede discutir lo del dentista, lo de los alquileres y hasta lo del bono-niño, pero admitir en los presupuestos generales unas inversiones que no atiendan a criterios iguales para todos, parece un atropello indigno para la democracia e impensable para una ideología de izquierdas. La forma de repartir el dinero de todos es la base sobre la que se sostiene la justicia social y alcanzar esa distribución justa de la riqueza es el principio que justifica la razón de ser de la izquierda.
Es posible que todos seamos iguales ante la ley, pero no parece que las leyes sean iguales para todos. El trato de favor -se quiera disfrazar como se quiera- es inmoral, antidemocrático y caciquil. Espero que en el Congreso, desde Esquerra a IU protesten por esta sinrazón.
Andrés Aberasturi