Antonio Casado.- Con el 'Estatut' al fondo

MADRID 17 Jul. (OTR/PRESS) - La Abogacía del Estado ha dirigido un escrito al Tribunal Constitucional en el que se denuncia la incoherencia del PP por recurrir el Estatuto de Cataluña en base a ciertos artículos que el mismo partido político acepta sin problemas en otras comunidades autónomas. Extraño caso cuya interpretación más gruesa nos recuerda que PSOE y PP han trasladado su reyerta permanente al Tribunal Constitucional.

Cierto, porque la naturaleza de la reyerta es política y, sin embargo, el Tribunal Constitucional está emplazado para resolver una cuestión eminentemente jurídica, a la luz del principio de legalidad. Tal es la de pronunciarse sobre si la Ley Orgánica del Estatuto de Cataluña, que es una ley del Estado, algo que tiende a olvidarse, se ajusta o no, en todo o en parte, al espíritu y la letra de la Constitución Española, según el recurso de inconstitucionalidad promovido en su día por 50 diputados del PP y por el Defensor del Pueblo.

El escrito del abogado del Estado no se ha archivado sin más, como dicen sus detractores, sino que se ha unido al expediente y se ha entrado una copia a las partes. Sin más, claro, porque nada más puede hacer el Tribunal que 'instruir' a las partes. O sea, informarlas. Hubiera sido aberrante que los once magistrados abriesen un debate interno sobre la coherencia o incoherencia del PP por impugnar en Cataluña lo que acepta en Andalucía, por ejemplo, antes de pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad que nos ocupa. Tampoco tendría sentido reclamar semejante debate previo a las partes recurrentes y recurridas.

En realidad, la petición de fondo de la Abogacía del Estado es que el PP desista parcialmente de su recurso. Y dos de los magistrados cuyo nombramiento apadrinó el PP han calificado dicha petición de "procesalmente extravagante". No les falta razón. Porque, en todo caso, el destinatario de la petición no debería ser el Tribunal sino el PP, que eventualmente podría atender las razones de la Abogacía del Estado y, en consecuencia, desistir parcialmente de su recurso contra el 'Estatut'. Pero en ese caso, tampoco estaría concernido el Tribunal Constitucional sino para a darse por enterado y actuar en consecuencia después de una decisión unilateral y legítima de una de las partes recurrentes.

Lo que sí está claro es que la política ha vuelto a salpicar a una alta magistratura. Por un lado y por otro, porque la maniobra del Gobierno para retrasar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el 'Estatut' hasta después de las elecciones generales sólo es comparable a la hipocresía política de un partido que impugna en Cataluña lo que acepta encantado en Andalucía, Canarias, Valencia, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha. Se entiende, la postura del PP y sus medios afines al denunciar la maniobra del Gobierno. Pero se abstienen, por la cuenta que les trae, de explicar si hay o no coincidencia entre los artículos recurridos en una parte y asumidos en otra.

Antonio Casado