Antonio Casado.- De memoria histórica

MADRID 18 Oct. (OTR/PRESS) -

Tras su paso por la Comisión Constitucional, la llamada Ley de la Memoria Histórica, su dictamen, ya va camino del pleno del Congreso, en su sesión del 30 de octubre, seguramente, antes de pasar al Senado. La tramitación parlamentaria está resultando más o menos apacible. Pero en los corrillos mediáticos (políticos y periodistas) sube la temperatura y no se habla de otra cosa.

La controversia es muy barata porque, por desgracia, los argumentos de quienes defienden el proyecto de ley se encogen frente a las soflamas y los procesos de intención de quienes lo reprueban. Alegan éstos que la iniciativa -una obsesión personal de Zapatero, dicen- solo servirá para desenterrar el hacha de la guerra civil y volver a enfrentar a unos españoles contra otros. Y rematan con el supuesto pacto para la amnesia que, según ellos, significaron los años de la Transición.

Quienes argumentan de ese modo no precisan las partes del dictamen donde se recoge algo parecido a desdén, desprecio o falta de respeto hacia quienes teóricamente se podrían sentir agraviados por un tardío gesto de reparación moral a las víctimas del franquismo. La descalificación se centra en nociones, ideas, categorías, no en personas. Claro que el texto condena una dictadura de 40 años edificada sobre un caso clarísimo de rebelión militar contra la legalidad establecida, promueve la retirada de los símbolos que lo recuerden en lugares públicos y se declaran "ilegítimos" -sin ninguna consecuencia técnica- los juicios políticos celebrados a la luz de aquel orden franquista.

Si alguien está en contra que asuma la defensa del franquismo -en democracia existe la libertad de ideas- y deje de marear la perdiz con excusas mal traídas. Pero no se niegue a un Parlamento democrático la posibilidad de reprobar por ley un régimen que condenó al silencio a media España después de una cruel guerra civil. Al silencio, en unos casos. En otros, al exilio, la represión, la desaparición física, el olvido.

Otras medidas previstas consisten, por ejemplo, en apoyo económico a quienes reclaman una sepultura digna a sus familiares asesinados ¿Alguien puede sostener seriamente que eso contribuye a dividir a los españoles setenta años después?Se puede discutir la oportunidad de la ley, pero no sus contenidos. Puede sostenerse que no era necesaria la exposición pública de esos los mismos, aquí y ahora. Pero nadie puede negar que la ley, aunque podría no promulgase o simplemente esperar, es justa y democrática. Justa porque cubre un déficit de cariño de los vencidos y sus familiares. Y democrática, porque cuenta con el asentimiento de una clara mayoría parlamentaria.

Antonio Casado.