MADRID 31 Mar. (OTR/PRESS) -
La reciente exculpación judicial de Arnaldo Otegui por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, por haber retirado su acusación el Ministerio Público, encaja al menos formalmente en el principio de legalidad. El fiscal y su competencia para promover la acción de la Justicia forman parte del Estado de Derecho, nos guste o no nos guste una determinada actuación.
Es lo más reciente en cuanto a la generación de climas artificiales al servicio de la crispación que algunos agitan interesadamente. Antes había ocurrido lo de la prisión atenuada al etarra De Juana, que suscitó un sonoro rasgado de vestiduras en quienes se abrazan a la doctrina Alcaraz (política de claudicación). Sin embargo, el asunto se acomoda bien a la teoría del mal menor defendida por el ministro Rubalcaba.
Incluso lo de Navarra, otro resorte permanente de quienes juegan a encharcar el campo, se queda en simple e interesado proceso a las intenciones de Zapatero sin ningún elemento de prueba. A pesar de que el presidente del Gobierno ha explicado por activa y por pasiva -la última vez, ante los cien ciudadanos que le entrevistaron en la tele- que la eventual anexión de este territorio foral al País Vasco no ha sido ni será jamás objeto de negociación.
Otegui, De Juana y Navarra son los tres últimos vértices de la crispación. Hay un cuarto, que ya es asunto de mayor cuantía. Me refiero a la eventual presentación de Batasuna a las elecciones de mayo, con distintos collares. Esto sí tiene calado suficiente como para quemarse en el empeño de impedir que los agentes políticos de una banda terrorista activa vuelvan a sentarse en los ayuntamientos. Para empezar, sería una burla a la gran operación de Estado que puso fuera de la ley a dicho partido político en marzo de 2003. Recordemos que se inspiró en el rechazo a quienes hacen política con las manos manchadas de sangre. El rechazo debe seguir vivo porque ETA está viva. Y eso no admite componendas ocasionales.
En la operación blanqueo que intentan los mismos perros con distintos collares, se ha presentado en el registro de Interior, para su legalización, una tal Abertzale Sozialisten Batasuna. Esconde una burda maniobra que permita a Zapatero adelantarse en el marcador. Habrá contraataques mucho más sutiles al amparo de los resquicios legales que siempre supieron aprovechar los abogados al servicio de Otegui y compañía. Y ahí es donde el Gobierno debe dar la talla para impedir un siniestro consorcio de la pistola y la casa consistorial. Porque más allá de las normas legales y sus lagunas, está el sentido común. Y la evidencia de una indiscutible, larga y voluntaria relación de ETA con la llamada izquierda abertzale. En base a ese convencimiento debe demostrar el Gobierno su voluntad política de impedir que los amigos de ETA participen en las elecciones de mayo sin que se la banda terrorista haya abandonado las armas de una vez por todas.
Antonio Casado.