MADRID 8 Sep. (OTR/PRESS) -
Se quejan los responsables del Ministerio que dirige Mercedes Cabrera de que en la etapa de tramitación de la LOE (Ley Orgánica de la Educación) y de los decretos de desarrollo, nunca dijeron esta boca es mía quienes ahora se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Ni en las reuniones con la Conferencia Episcopal ni en las conferencias sectoriales del Ministerio con los consejeros de las Autonomías gobernadas por el PP.
Sin embargo, ahora un sector del Episcopado y una parte del PP presentan batalla. Empleando tonos apocalípticos, parecen dispuestos a aplastar el huevo de la serpiente que, según ellos, anida en esa asignatura, en forma de adoctrinamiento camuflado. Nueva, obligatoria, evaluable en el sistema diseñado en la LOE. Y, según ellos, una torva operación para tunear las conciencias de los niños y jóvenes españoles y violar el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos.
No lo tienen fácil ante una normativa legal que obliga a todos y cuenta con el respaldo del Parlamento. También goza del informe favorable del Consejo de Estado. En su día no detectó ninguna vulneración de principios constitucionales tales como la libertad religiosa o derecho de los padres a decidir. Y este jueves, 6 de septiembre, fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que, ante un contencioso-administrativo planteado por cinco padres, rechazó la suspensión cautelar de la asignatura, que se va a empezar a impartir este curso, pero no en todos los niveles de la enseñanza ni en todas las Autonomías.
También es un hecho que esta asignatura se estudia en todos los países democráticos de nuestro entorno y responde a una recomendación expresa del Consejo de Europa para que la formación de los ciudadanos en los valores cívicos (libertad, justicia, pluralismo, tolerancia, convivencia pacífica, respeto a la ley..), se incluya en los sistemas educativos. Como algo común a todos, pues común es la condición ciudadana, algo que no ocurre con la religión, que al fin y al cabo no deja de ser una opción. Libre y protegida por la Constitución Española, pero una opción.
No lo ven así los obispos. Al menos una parte encabezada por el cardenal primado, monseñor Antonio Cañizares, que ha señalado el camino del infierno a los centros religiosos que impartan la nueva asignatura. Si lo hacen "estarán colaborando con el mal", ha dicho en alusión a la FERE (Federación de Empresarios de la Enseñanza Religiosa), por haber integrado la asignatura en sus programas educativos en feliz sintonía con el Ministerio de Educación. Pero hete aquí que otra parte del Obispado, encabezada por su presidente, monseñor Ricardo Blázquez, respalda a la FERE sin sospechar que estos señores sean unos ingenuos precursores del anticristo. El cisma episcopal está servido.
- Antonio Casado.