MADRID 8 Mar. (OTR/PRESS) -
Los españoles "sensatos" están convocados por el PP para este fin de semana contra lo que entiende como política de rendición del Gobierno frente a ETA. El caso De Juana solo sería el último episodio de dicha política, aireada por Alcaraz y abrazada por Rajoy tras el polémico "segundo grado" que se otorgó al etarra. Está en su derecho de convocar manifestaciones. Es legal. Tan legal como aplicar tal o cual régimen penitenciario a un recluso. Es justamente el principio de legalidad lo que nos defiende de la arbitrariedad de los políticos.
Una vez garantizado el encaje en el marco legal de nuestro Estado de Derecho, lo demás es política. Y ahí reina el principio de oportunidad. El gobernante hace lo que cree oportuno y, si lo que hace se ajusta a derecho, al ciudadano no le queda otra que confirmarle o retirarle la confianza. O sea, esperarle en las urnas. O ejercer mientras tanto el derecho de manifestación para expresar su desacuerdo, si es el caso.
Eso por lo que se refiere a los ciudadanos. Si se trata de un líder político, la cosa cambia. Especialmente si hablamos del líder de la oposición, cuya naturaleza reside en la legítima ambición de convertirse en presidente del Gobierno. Además de ejercer sus derechos como ciudadano, incluido el de movilizar a los votantes contra la política antiterrorista del Gobierno, debe cuidarse de los excesos, hacer una cierta pedagogía y ejercer su liderazgo de forma responsable.
No hace sus deberes quien mantiene un discurso, propio o inspirado por terceros, cuyo fundamento es la caracterización de un presidente de Gobierno entregado de pies y manos a una banda terrorista. Eso es una insidia intolerable. No se puede soportar el discurso que sitúa a Rodríguez Zapatero, elegido por los ciudadanos para dirigir la gobernación del Estado, más cerca de los terroristas que de las víctimas. Simplemente es irresponsable pretender inocular esa gravísima acusación entre los ciudadanos "normales" y "sensatos", convocados a una de esas manifestaciones donde la ira contra Zapatero se mezcla con la insinuación de que el PSOE está detrás del 11-M, al tiempo que se alienta el subidón de la ultraderecha.
Ahí estamos. El sábado, novena manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno cuyo mandato registra el menor número de víctimas mortales de ETA. La desproporción es sospechosa. Es el último despropósito derivado de la prisión atenuada al etarra De Juana Chaos. Una decisión inspirada en razones humanitarias y no reñida con el principio de legalidad, tal y como entendieron, además, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, el juez de Vigilancia Penitenciaria, el presidente del tribunal sentenciador (sala de lo penal de la Audiencia Nacional) y todos los partidos políticos excepto el PP ¿No hay españoles sensatos entre quienes, sin salirse de la ley, optaron por preservar la vida de un recluso bajo custodia del Estado hasta que termine de cumplir su condena?
Antonio Casado.