Antonio Jiménez.- Incontinencia fiscal

MADRID 27 Mar. (OTR/PRESS) -

Al Fiscal General del Estado debería recordársele, tal y como dicta el sentido común, que no hay peor cosa que echar gasolina al fuego para intentar apagarlo, salvo que pretenda conseguirse el efecto contrario de lo que se pretende. Al fuego, menuda obviedad, no se le combate con mas carburante sino con agua. Ya se sabe que Cándido Conde Pumpido no ha sido ejemplo de discreción y prudencia en momentos de turbación política y no iba a serlo, justo ahora, cuando el punto de inflexión en la curva de la crispación política, alcanza cotas alarmantes y se requieren abundantes dosis de sosiego y quietud. Sólo así se explica que el Fiscal General, en vez de poner paños calientes al despropósito o templar gaitas, no haya tenido mejor ocurrencia que acusar al PP de "sacar a los falangistas a la calle"; una provocación más con la que trata de desacreditar las concentraciones de protesta convocadas contra la bochornosa y lamentable actuación de su subordinado Fernando Burgos en el caso Otegui. Pero además, Conde Pumpido, no se limita únicamente a la insultante arremetida contra los populares sino que califica de "pataleta infantil" la sentencia del tribunal de la Audiencia Nacional que evidenció el grado de sumisión y dependencia que el Ministerio Público tiene del Gobierno desde que él asumió el cargo de Fiscal jefe del Estado.

Conde Pumpido se tomó tan en serio la consigna gubernamental de adecuar el "tempo" judicial al político cuando Zapatero inició su incierta hoja de ruta para convencer a ETA de la perversa manía de asesinar a seres inocentes por falsos ideales políticos, que ha conseguido también la rebelión de algunos jueces de la Audiencia Nacional que no están de acuerdo, ni mucho menos, con que la opinión publica confunda determinadas actuaciones políticas con decisiones judiciales, como se desprende de los casos Otegui y De Juana. De esta manera se entiende el hecho sin precedentes de que un tribunal haya admitido la imposibilidad de condenar a un delincuente, a pesar de existir suficientes pruebas, porque la fiscalía decidió retirar la acusación. Cuando el Gobierno o el Fiscal General del Estado intentan atribuir la crispación política al PP o a los movimientos civiles del constitucionalismo vasco porque han decidido canalizar la indignación y protesta ciudadanas en manifestaciones y concentraciones, se comportan como esos pirómanos que primero prenden fuego y después quieren apagarlo echando gasolina. Nada de lo que ocurre es ajeno, por tanto, a controvertidas, incomprensibles y escandalosas actuaciones de la fiscalía, como en el caso Otegui, y a decisiones del Gobierno que, dicho sea de paso, sigue adelante con el "proceso de paz si creemos al ministro de Justicia.

Quienes han sostenido ,a pesar del bombazo de la T-4 de Barajas que costó la vida a dos jóvenes, que el "proceso de paz" no se había interrumpido totalmente, por más que Zapatero afirmara lo contrario, el ministro Fernández Bermejo acaba de darles la razón al reconocer que "es evidente que tenemos un proceso de paz en marcha y es evidente que la oposición no está por la labor de apoyarlo". Por evidencias que no quede.

Antonio Jiménez.