MADRID 15 Jun. (OTR/PRESS) -
Una de las consignas repetida por el PSOE para justificar los posibles pactos de gobierno municipales y autonómicos tras las elecciones del 27-M, ha estado basada en los supuestos deseos de cambio que, según su percepción subjetiva e interesada, los ciudadanos expresaron en las urnas al no otorgarle la mayoría absoluta al PP. Da igual que los populares se quedaran a un solo concejal o escaño de la mayoría y que sus votos superaran por miles la suma total de los sufragios conseguidos por las restantes fuerzas políticas, los ciudadanos, repiten como papagayos, han votado por un cambio de gobierno municipal o autonómico. Con este argumento, el PSOE y las demás fuerzas perdedoras en esas circunscripciones, ya sean comunistas, regionalistas, nacionalistas o independentistas, justifican el "pacteleo" de sus acuerdos de gobierno, también definidos como pactos de progreso según la propaganda al uso.
La vicepresidenta Fernández de la Vega ha dicho que los ciudadanos depositan sus votos en las urnas y los partidos interpretan los resultados después. Esta opinión no deja de ser una tomadura de pelo y una burla, por mas legales y legítimos que sean los pactos, a esa voluntad popular que mayoritariamente apoya una determinada opción de gobierno a la que posteriormente se la condena a estar en la oposición. Todo esto pone de manifiesto la imperfección y perversión de un sistema de representación que permite la existencia de partidos como Unión Mallorquina, cuyo poder político es inversamente proporcional al apoyo que recibe en las urnas, y que con sólo tres escaños y apenas 28.000 votos decide la suerte de toda de una comunidad, en este caso el gobierno de Baleares. La formación que lidera María Antonia Munar cobra un precio político desproporcionado, rayano en lo inmoral, como evidencian las ofertas de Matas y Antich por conseguir el apoyo de sus insignificantes tres escaños en términos numéricos. El caso del pequeño partido mallorquín es paradigmático aunque no el único. Cientos de siglas regionalistas y locales, cuyos militantes caben en un taxi, afloran en los comicios municipales y autonómicos con el único fin de convertirse en llaves de gobiernos que abren o cierran las puertas de ayuntamientos y autonomías a cambio de un poder municipal o regional desmedido e injusto.
Buena parte de culpa la tienen socialistas y populares por no impedir este juego peligroso que al final termina abocando a los ciudadanos a la abstención, víctimas de la desmotivación, la indiferencia y el hartazgo que producen espectáculos como los que brinda el "pacteleo" y la componenda por el poder. La ley electoral debe reformarse no tanto porque perjudique o beneficie a populares o socialistas, sino por higiene democrática, por la credibilidad del sistema, y por respeto a los electores cuyo voto termina perdiéndose en las interesadas interpretaciones de los partidos.
Antonio Jiménez.