Antonio Pérez Henares.- La ley, la democracia y el uso de la fuerza.

MADRID 16 Sep. (OTR/PRESS) -

La renuncia a la fuerza y su entrega al Estado para que la detente en exclusiva y la aplique a través de leyes votadas supone la esencia y el pilar básico de la democracia y del Estado de derecho, contrapuesto a la ley del más fuerte y a la dictadura. Lo aprendí y lo interiorice de joven cuando aquí ser antifascista era de verdad y ser progre era leer y empaparse de esas cosas y no soltar escupitajos por el twitter.

Fue Jean Jaques Rousseau, uno de los padres de la Declaración Universal de Derechos Humanos, precursor de la Revolución Francesa y de las bases del sufragio universal y los principios democráticos quien en su Contrato Social lo argumentó con toda precisión y sencillez. La piedra angular de la convivencia pacifica en libertad es que el individuo hace cesión del ejercicio de la fuerza y cada uno de ellos lo deposita en la sociedad organizada, a la que dota de unas normas de conducta, unas leyes, y los instrumentos para aplicarlas, los jueces y las fuerzas de seguridad del estado. Y si alguien viola esas leyes es el momento en que la sociedad, con la legitimidad de ese depósito, está facultada para usar los medios para hacerlas cumplir. Lo haga un individuo o lo haga un grupo. La democracia, el Estado está entonces legitimado para emplear la fuerza e impedir que prevalezca la violación del pacto y la ley de la jungla.

Refrescar hoy el concepto cuando las ideas y las palabras se tergiversan y retuercen para transformarlas en lo contrario de lo que son y dicen es cada vez más imprescindible. Que es la fórmula a la que se ha entregado de manera desbocada el separatismo catalán. Corromper en su esencia el principio de ley y democracia. La democracia es la ley aprobada, pactada, contenida en la Constitución y dotada de los poderes y la fuerza para impedir su violación y defender la convivencia. Si alguien viola esa ley, viola la democracia, rompe el contrato social y destruye la paz y la libertad ciudadana. Y es entonces cuando a la sociedad organizada democráticamente, el estado está legitimado para el uso de la fuerza y restablecer tanto ley como democracia.

Otra cosa es que los ciudadanos quieran cambiar esas leyes. Pueden hacerlo. Deben hacerlo. Pero entre todos, como hicieron las anteriores, no imponiéndose una parte al todo. Si hay que cambiar la Constitución y el estatus de Cataluña, habrá de cambiarse entre todos. Como lo cambiamos entre todos con el fin del franquismo y el advenimiento de la democracia, la Constitución y la Autonomía. Votándolo, como lo votamos, todos y los catalanes los primeros y más ampliamente que ninguno.

Lo que no puede tolerarse es la amenaza y, según parece, la decisión de ejecutarla, de conculcar la ley, como no puede tolerarse ni dejarse impune cualquier delito. Cuando este se consuma el estado democrático solo tiene ya un camino, mejor dicho está obligado a ese camino, que no es otro que detenerlo, juzgarlo y aplicarle, utilizando la fuerza si es preciso, la ley democrática.