Consuelo Sánchez-Vicente.- Y ahora, el "chequejuez"

MADRID 25 Oct. (OTR/PRESS) -

Buena la armado el ministro de Justicia con su idea de ofrecer a los estudiantes de Derecho de la universidades públicas con mejor expediente académico la posibilidad de ser juez sin tener que hacer oposiciones. La idea, según la vicepresidenta de la Vega, no es más que una simple reflexión sobre cómo solucionar un problema real: que lleguen más jueces y mejor preparados a los juzgados. Pero, tal como ha planteado el asunto el ministro, da la impresión de que lo que lo que en realidad busca es abrir un portillo a la arbitrariedad para facilitar el acceso a la administración de Justicia de jueces afines a "este" Gobierno.

Claro que nos vendría bien que el Estado pudiera competir con los grandes bufetes de abogados por los mejores "expedientes", y por supuesto que sería estupendo que los jueces llegarán más "impregnados de vida" al juzgado de lo que llegan algunos. Algunas sentencias son tan extravagantes que parece que en vez de personas las dictan marcianos. Con un buen plan de estudios que incluyese actividades prácticas como que los futuros jueces empezasen por ser ayudantes de juez y que pudieran realizar estancias en centros como las comisarías, las casas de atención a mujeres maltratadas o los servicios de urgencias de los hospitales, es verdad, como apunta el ministro, que podrían salir mucho mejor preparados "para la vida" de la Escuela Judicial. Pero, ¿por qué limitar este "master en vida" solo a los jueces "por expediente"? Extenderlo también a los jueces "por oposición" garantizaría a todos los ciudadanos el derecho al mejor juez posible en leyes y en "vida", acceda como acceda a la carrera, ¿no?. ¿Por qué convertir este plus de formación objetivamente tan necesario en una lotería para el justiciable?

Además, ¿qué tiene que ver mejorar la formación integral de los jueces con que unos accedan a la Escuela Judicial "por expediente" y otros por "oposición"? ¿Obliga acaso lo uno a lo otro? Y, si de lo que se trata es de "pescar" a los estudiantes más brillantes, ¿por qué limitar "la pesca" a las universidades públicas? El título de las privadas, que yo sepa, también es oficial. Y lo principal: ¿quién garantizaría la imparcialidad del nuevo acceso? Este es el gran problema porque, como el Gobierno encuentre alguna forma de meter la cuchara en esa sopa, nos cargamos la independencia judicial. Si la madre de este gran lío, según el propio ministro, es que los jóvenes de las familias más modestas no pueden ser juez porque no pueden pagarse los cuatro años que cuesta (con suerte) aprobar una oposición, ¿por qué no arbitrar unas becas para ayudarles en vez de introducir un margen de arbitrariedad en un sistema, el de la oposición, que, si hoy da jueces mejores o peores pero independientes, que a nadie ni a nada más que a su esfuerzo deben su cargo, es porque es im-par-cial? Con el tiempo iremos conociendo las respuestas, pero, ¡que tufillo a sentar "estómagos agradecidos" (al gobierno) en los juzgados tiene esto!

Consuelo Sánchez-Vicente.