Crónica Corrupción.- El ex alcalde de Andratx y su celador de Obras regresan a la cárcel

- La Audiencia Provincial revoca la resolución del juez Latorre de dejarles en libertad provisional bajo fianza

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 31 Ene. (OTR/PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó hoy prisión provisional comunicada y sin fianza durante un máximo de dos meses para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y para el ex celador de Obras municipales, Jaume Gibert, imputados en el 'caso Voramar' en torno a la corrupción urbanística en el municipio costero de Mallorca. Con esta decisión queda revocada la resolución del juez Álvaro Latorre, que el pasado 13 de diciembre dictaminó para ambos imputados libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros para Hidalgo y de 60.000 euros para Gibert.

La Audiencia Provincial tomó la decisión por la mañana, tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Anticorrupción de, Joan Carrau, contra el auto dictado por el juez Latorre el pasado 13 de diciembre. El pasado lunes se celebró la vista del recurso de apelación directa presentado por la Fiscalía, en la que Carrau pidió 45 días de prisión para el ex primer edil y para el ex celador de Obras, al considerar que existe un riesgo real de que los imputados interfieran en el desarrollo de la investigación y destruyan pruebas relacionadas con el caso.

Así, la decisión de la Audiencia Provincial de que Hidalgo y Gibert regresen a prisión tras permanecer desde el 13 de diciembre en libertad provisional bajo fianza, va más allá de la petición del fiscal, al decretar dos meses de cárcel para los acusados, dos semanas de lo requerido por Carrau. Tanto el ex alcalde como su celador de Obras tienen de plazo hasta las 12.00 horas de mañana 1 de febrero para ingresas en el centro penitenciario de Palma de Mallorca.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el pasado 14 mes de diciembre ante la Audiencia Provincial el auto de libertad bajo fianza dictado por el juez Álvaro Latorre, que instruye la 'operación Voramar', y mediante el cual se concedió la libertad con cargos para los dos acusados bajo fianza de 100.000 y 60.000 euros. El fiscal estimó que ambos imputados tenían "una capacidad de influencia y de presión que podría distorsionar el resultado de la investigación" y presentó un recurso de apelación.

RIESGO DE FUGA

Así, Carrau aseveró que la medida de libertad bajo fianza no procede en el caso de Gibert e Hidalgo, porque a su juicio la investigación puede ser perjudicada con la libertad de ambos, porque podrían acceder a documentos y ponerse en contacto con personas que serán testigos o imputados, pudiendo influir sobre ellos. "La capacidad de influencia y de presión de ambos imputados puede distorsionar el resultado de investigación", consideró el fiscal.

En esta línea, añadió que a fecha de ese día todavía no se había procesado toda la documentación incautada en los registros realizados en el Ayuntamiento de Andratx y en las numerosas sedes de entidades relacionadas con los imputados, por lo que consideró demasiado prematura la puesta la libertad de los imputados, al reiterar que la investigación podría ser perjudicada.

Por otra parte, Carrau presentó junto al recurso un relato de hechos de operaciones en las que la Fiscalía consideraba que existen indicios para imputar a Hidalgo y Gibert y recalcó que, bajo su parecer, los delitos relatados eran "muy graves y suman penas que, por aplicación del Código Penal, alcanzan los 18 años de prisión". De esta manera, el fiscal denunció ya entonces que la gravedad de los hechos evidenciaba claramente el riesgo de que los imputados enturbiaran la investigación.

Al contrario de lo esgrimido por los tres magistrados que componen la Sección, el abogado defensor de Eugenio Hidalgo, Rafael Perera, alegó en declaraciones a los medios tras la vista que "no existe ningún tipo de riesgo de el ex alcalde vaya a destruir pruebas". Perera consideró que no existen indicios de una posible obstrucción y subrayó que había quedado demostrado que no se produjo ninguna "maniobra de ocultación, obstrucción y destrucción de pruebas". Unos argumentos que, por ahora, no han convencido a la Audiencia Provincial.