- Les ofrecían puestos de trabajo en empresas que no existían por un valor de hasta 3.600 euros
MADRID, 27 Ene. (OTR/PRESS) -
Nuevo golpe a una red de estafadores. La operación 'Poeta', que iniciaron -el pasado mes de septiembre- los agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), se saldó con 43 detenidos como presuntos integrantes de una organización que, presuntamente ofertó empleos a unas 200 personas en falsas empresas. Algunos de los inmigrantes llegaron a pagar por dichos contratos hasta 3.600 euros.
La operación sigue abierta, aunque los agentes aseguraron que el núcleo principal de la trama ya ha sido totalmente desmantelado, tras la últimas detenciones de este mes. Entre los detenidos se encuentran el dueño de una gestoría de la localidad malagueña de Torremolinos y sus colaboradores. Además, también fueron detenidos una treintena de extranjeros, ya que, según explicaron los agentes, si abonaron las cuotas de la Seguridad Social para un empleo que no existía, debían ser conscientes de la presunta falsedad.
El dueño de la gestoría captó a una decena de intermediarios de nacionalidad extranjera -marroquíes, argentinos, rumanos, argentinos y nigerianos- y que se movían por las zonas en las que se reúnen sus compatriotas, con el objetivo de captar mayor número de clientes.
Por el momento, los agentes de la Ucrif, que iniciaron las investigaciones el pasado mes de septiembre, detuvieron a 43 presuntos miembros de esta organización que se dedicaba, presuntamente, a vender a inmigrantes contratos de trabajo en empresas inexistentes.
Tras las detenciones, la Policía les acusó de los presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, así como de una presunta estafa.
3.600 EUROS POR UN CONTRATO
Cerca de 200 inmigrantes fueron engañados para comprar ese tipo de contrato. Algunos de ellos, llegaron a pagar hasta 3.600 euros -1.200 por el empleo y 2.400 por las cuotas mensuales del primer semestre por el alta en la Seguridad Social- a cambio de una oferta de trabajo. La mayoría de los afectados creían que tras esta compra su situación en España se legalizaría.
El resto pagó sólo 1.200 euros por el falso contrato, debido a que sus solicitudes estarían todavía en la Subdelegación.