Crónica ETA.- Un magistrado del Supremo admite que la rebaja a De Juana iba a generar polémica, pero "se debía hacer"

- El PP insiste en que el terrorista debe cumplir íntegramente la pena impuesta por el Tribunal sin "subterfugios democráticos"

BILBAO/MADRID, 18 Feb. (OTR/PRESS) -

Uno de los magistrados del Tribunal Supremo que decidió rebajar la pena para el terrorista Iñaki de Juana Chaos de 13 a 3 años de prisión, Francisco Monterde, admitió hoy que eran conscientes de que "costaría entender la rebaja de pena". Sin embargo, y pese a esas "expectativas exageradas" que se crearon en la opinión pública respecto a este asunto, Monterde defendió que los magistrados del Supremo "hicimos lo que creíamos que se debía hacer". Mientras, desde el PP, se insiste en que el etarra pague íntegramente la pena que finalmente decidió imponerle el Supremo, advirtiendo al Gobierno de que no se aceptarán "subterfugios políticos".

En una entrevista al diario 'El Correo', Monterde explica que los magistrados valoraron que la rebaja de pena a De Juana Chaos supondría su inminente puesta en libertad, aunque no hicieran "el cálculo exacto". Según el magistrado, la decisión tomada por el Supremo ha sorprendido porque en la sociedad "se han producido unas expectativas exageradas que no corresponden a la realidad", por lo que no dudó en reprochar a los medios de comunicación que hagan esperar a la opinión pública "cosas que jurídicamente eran muy improbables".

"Yo he oído de todo en tertulias de radio y prensa escrita. No se lo puedo atribuir a nadie, es general. Hay tertulianos que tienen una formación jurídica superior al resto, y otros que no son juristas pero dan su opinión. El ciudadano a lo mejor se queda con lo que dicen estos últimos porque le convencen más que las razones técnicas de los especialistas", señaló. "Hicimos lo que creíamos que se debía hacer", defendió Monterde.

Preguntado por la diferencia de criterio entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el magistrado señaló que son matices "técnicos". Así, explica que la Audiencia "consideró que De Juana amenazó de manera concreta a unas personas", mientras que el Supremo ha considerado "que son amenazas dirigidas a un colectivo". Además, indicó que el Tribunal Supremo concluyó que dicho delito de amenazas guarda relación "con otro de exaltación del terrorismo", lo que no quiere decir que "no tenga relación con el terrorismo".

SIN SUBTERFUGIOS

Mientras, el secretario Ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, volvió a reclamar al Gobierno que el etarra cumpla íntegramente la condena impuesta por el Tribunal Supremo. "Se requiere al Gobierno, con toda claridad, que deje establecido que De Juana Chaos va a cumplir íntegramente la pena que finalmente le ha impuesto el Tribunal Supremo y no esperamos subterfugios administrativos ni burocráticos para evitar que se cumpla íntegramente esa pena", aseveró Astarloa.

Esa decisión "está íntegramente en manos del Gobierno, es responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero", y si se concede "el más mínimo" beneficio penitenciario al etarra en huelga de hambre desde el pasado mes de agosto, "el responsable ante toda España" es el presidente, sostuvo. En un acto con miembros de las Nuevas Generaciones del PP (NN.GG.) y asociaciones de inmigrantes, Astarloa exigía de esta forma al líder del Ejecutivo la "máxima firmeza" contra el terrorismo y "tolerancia cero" con De Juana, "que ha matado a 25 personas y que tiene que cumplir íntegra su pena".

Además, consideró "absolutamente imprescindible" que el Gobierno impida que se presente ninguna agrupación electoral constituida por ETA para sustituir a Batasuna a las próximas elecciones municipales, y que impugne al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) para que también pueda ser ilegalizado por los tribunales. Astarloa criticó también que Zapatero "se empeñe en la máxima confrontación" con el PP y, al mismo tiempo, cometa "el mayor error que se puede tener" a escala internacional: proponer que Batasuna deje de ser considerada ilegal, tal y como hizo sin éxito el PSOE en el Parlamento Europeo.