Actualizado 22/01/2009 21:10

Crónica Justicia.-Zapatero recrimina a los jueces que no es lógico ir a la huelga cuando todavía está abierto el diálogo

- El CGPJ lamenta la decisión "precipitada" de "una minoría de la carrera judicial" que cifra en un 20% de los jueces

ZAMORA/MADRID, 22 Ene. (OTR/PRESS) -

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no es "lógico" que algunos jueces convoquen una huelga mientras está abierto el diálogo con el Ministerio para estudiar sus reivindicaciones. Un empecinamiento que puede evidenciar que su afán por ir a la huelga tiene otras motivaciones, como pareció insinuar el propio Zapatero al señalar que las protestas judiciales se han producido después de la polémica sobre la sanción al juez Tirado. También cargó contra los jueces que apoyan la huelga al portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que lamentó que "una minoría de la carrera judicial", que según sus datos no supera el 20 por ciento, haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión y calificó su decisión de "precipitada".

"El Gobierno se ha expresado de manera reiterada a través de ministro de Justicia: nosotros lo que queremos es dialogar para mejorar el funcionamiento de la Justicia en beneficio de los ciudadanos", afirmó Zapatero al ser interrogado por la decisión de algunas juntas judiciales de convocar una huelga para el próximo 18 de febrero. Y tras dejar clara a voluntad negociadora del Ejecutivo, que cristalizará en la reunión que el próximo lunes celebrará Bermejo con las asociaciones judiciales, el presidente, durante la rueda de prensa que ofreció en Zamora junto al primer ministro portugués, José Sócrates, criticó la incoherencia que supone convocar una huelga cuando las negociaciones no han hecho más que comenzar.

"Primero se dialoga y en todo caso luego se toman decisiones. Pero abierto el diálogo, tomar decisiones y aprobar determinadas respuestas no parece el camino lógico", denunció Zapatero que que la amenaza de huelga de los jueces se produce pese a que su gobierno es el que "más plazas de jueces y fiscales ha creado en una sola legislatura", un total de mil; que ha "duplicado la inversión para innovación tecnológica" y que "sabe que es necesario intensificar las mejoras y las reformas".

EL CASO MARI LUZ

El presidente del Gobierno señaló que esos son los "hechos objetivos" y ningún juez los ha "cuestionado" para acto seguido destacar que las protestas judiciales se han producido después de la polémica sobre la sanción al juez Tirado, el magistrado que no ejecutó una sentencia que pesaba sobre el asesino confeso de la niña Mari Luz y para el que el Gobierno pidió una sanción mayor. "Yo no valoro las causas, lo único que sé son las secuencias de los tiempos, y los tiempos es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado. Yo tengo que hablar con claridad a los ciudadanos", sentenció.

La postura de más de una veintena de juntas judiciales, entre ellas de capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla, de convocar la huelga el próximo día 18 de febrero y rechazar el acuerdo alcanzado por las cuatro asociaciones judiciales --que abogan por una jornada reivindicativa en febrero y retrasar la huelga hasta junio a la espera de que fructifiquen las negociaciones-- tampoco ha sentado nada bien al CGPJ. Su portavoz, Gabriela Bravo, dio hoy lectura a una 'declaración institucional' en la que se "lamenta que una minoría de la carrera judicial" haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión.

El texto tacha de "precipitada" la decisión de estas juntas y destaca que la huelga podría dejar "indefensos" a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. "Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación, en la que el Consejo está trabajando intensamente, junto con las asociaciones judiciales, los órganos de gobierno del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, en pos de un profundo proceso de modernización de la Justicia", señala el CGPJ.

SOLO EL 20% QUIERE HUELGA

En todo caso, Bravo quiso dejar claro que "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país sigue optando por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo". De hecho, según los datos del CGPJ la huelga del 18 de febrero fue refrendada por un total de 25 juntas de jueces, lo que supone un respaldo de entre el 18 y el 20 por ciento de la carrera judicial. Además, importantes órganos jurisdiccionales se descolgaron de esta iniciativa, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, donde ni tan siquiera se celebraron las juntas.

Bravo también señaló que no está previsto propiciar la asistencia a la reunión del lunes -y a un segundo encuentro entre el CGPJ y las asociaciones de jueces fijado para el 2 de febrero- de jueces no asociados que representen las posturas más duras y proclives a la huelga en febrero. "Estamos convencidos de que las demandas de unos y otros son coincidentes, por ello no entendemos que se precise la representación de quienes sí quieren huelga el día 18 de febrero", sentenció.

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