Crónica Vivienda.- Solbes acoge con reservas la Ley andaluza que garantizará piso al que cobre menos de 3.100 euros

- En una iniciativa sin precedentes, la Junta pretende subvencionar para que nadie dedique más de un tercio del sueldo a la hipoteca

MADRID/SEVILLA, 5 Sep. (OTR/PRESS) -

El gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a una pionera en España Ley de Derecho a la Vivienda, con el objetivo que ninguna familia andaluza tenga que destinar más de un tercio de su sueldo a las hipotecas ni una cuarta parta para el alquiler. Esto supondría de hecho garantizar por ley un piso a quien gane menos de 3.100 euros mensuales, una medida acogida con reservas por el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que advierte que garantizar por ley este derecho implica "ciertas restricciones económicas". La titular de Vivienda, Carme Chacón, la ha valorado de forma positiva.

El Gobierno andaluz, al igual que el Ejecutivo de Zapatero, también dedicará este último tramo antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2008 a volcarse en medidas de corte social. Uno de los proyectos estrella será la futura Ley del Derecho a la Vivienda. La nueva norma, que estará lista en 2008 y se aplicará en la próxima legislatura pretende asegurar "una vivienda digna, de calidad y adecuada a la situación familiar, económica y social" de cada ciudadano.

Esta medida es pionera en España y pretende garantizar por ley el derecho a una vivienda digna a todos aquellos andaluces cuyos ingresos no superen los 3.100 euros mensuales. Además de estas ayudas económicas, el Gobierno autonómico garantizará a las familias más necesitadas (con ingresos inferiores a 500 euros al mes) viviendas públicas en régimen de alquiler a un precio no superior al 25% de su renta (125 euros).

El anteproyecto establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas.

En declaraciones recogidas por OTR/Press, la consejera de Obras Públicas andaluza, Concha Gutiérrez, aseguró hoy en la Cadena Ser que la ley tendrá que ser negociada con ayuntamientos y agentes sociales por lo que no podrá ser una realidad hasta la próxima legislatura. Se prevé que las elecciones andaluzas coincidan con las generales el próximo mes de marzo, con lo que la ley difícilmente estaría aprobada y en vigor hasta finales de 2008.

RESTRICCIONES ECONOMICAS

Pero a pesar de que la consejera de obras públicas andaluza insiste en que desde la Junta se tiene controlado y determinado el coste de esta nueva ley y las implicaciones que esta supone, lo cierto es que desde el Gobierno central surgen muchas dudas. Para el ministro de Economía, la nueva ley no se podrá realizar sino se acometen restricciones económicas.

Pedro Solbes reconoció hoy en una entrevista en la Cadena Ser, no ser partidario de grandes leyes de reconocimiento de derechos para toda la vida. "Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas. Y esto significa restricciones económicas", advirtió el vicepresidente.

Solbes, que se mostró más partidario de "programas específicos de actuación", admitió que la medida adoptada por Andalucía es "loable", aunque dudó de que sea la mejor fórmula para favorecer el acceso a una vivienda. "Como ministro de Hacienda, el reflejo que me surge cuando leo una noticia de este tipo es si habrán calculado bien lo que les costará y si lo tienen controlado para los próximos años. Si la consejera dice que le salen los números, será que sí", subrayó.

Más positiva respecto a la propuesta andaluza se muestra la ministra de Vivienda, Carme Chacón, quien considera que esta medida ayudará a mejorar el acceso a una vivienda digna y de calidad en España. "Entre todos vamos a ser capaces de hacer que la vivienda deje de ser un problema para muchos y se convierta en un derecho real para los ciudadanos", señaló tras un encuentro con UGT.

La titular de Vivienda indicó que el Ministerio está estudiando nuevas propuestas y proyectos paralelos y complementarios a los de otras administraciones públicas, aunque insistió en que "la prioridad actual" del Gobierno es garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes impulsando el mercado del alquiler en España.