Fernando Jáuregui.- Otra vez el embrollo catalán.

MADRID 8 Feb. (OTR/PRESS) -

Cuando ya todo parecía pacificado y encauzado, aunque fuese a trancas y barrancas, la cosa vuelve a estar que arde en Cataluña, donde el Estatut podría ser declarado parcialmente (uno o dos artículos, van diciendo por ahí) inconstitucional. El 'affaire' del magistrado Pérez Tremps es el primer zarandeo político serio que sufre el tripartito de Montilla. Nada comparable, aún, a los que sufrió el Govern tripartito de Maragall, pero ya se va viendo que la calma chicha de la Legislatura montillana no va a ser posible, por mucho que desde ámbitos cercanos a la Generalitat se augurase un período de "fructífero aburrimiento democrático", como corresponde al talante gris del molt honorable president.

Nada de eso. No habrá aburrimiento. Ahora resulta que el recurso de inconstitucionalidad presentado (muy legítimamente; es su papel de oposición, que corresponde al sentir de una parte considerable de la ciudadanía) por el PP contra el Estatut puede prosperar, a la vista de la probable nueva mayoría en el Tribunal Constitucional debida a la renuncia a intervenir en el caso del magistrado Pérez Tremps, que incluso medita en dimitir, cosa por cierto insólita tras una recusación como la que ha sufrido, que no deja de ser algo habitual en el mundo judicial. Sustituirlo por otro magistrado sería acorde a la ley, pero impresentable políticamente, aunque ya la vicepresidenta De la Vega ha advertido de que "si se produce una vacante, se va a cubrir". Y, entonces, en el caso de que la vacante finalmente no se cubriese, con mayoría de magistrados 'simpatizantes' con las tesis del PP, el Estatut (repetimos: algunos artículos del Estatut) sería considerado como contaminado de inconstitucionalidad.

¿Qué ocurriría (ocurrirá) en ese caso? Es de temer que se avecine una enorme batalla jurídica, una más de esas a las que ya estamos acostumbrados, pero con un volumen mucho mayor. Si, finalmente, el Constitucional fallase contra la constitucionalidad de una parte, por mínima que sea, del Estatut, como quiere el PP, el Parlament catalán tendría que reformar esos aspectos inconstitucionales, y luego pasar esa reforma a las Cortes para su aprobación. De nada habría valido el referéndum catalán del pasado 18 de junio, y habría que repetir todos los pasos dados hasta ahora con un Govern tan debilitado, con una situación de bochorno político en Cataluña, y quizá en La Moncloa, tan enorme que todo correría el riesgo de tambalearse.

El Estado es fuerte, los españoles sabemos que estas cosas a veces pasan y los políticos catalanes son, ya se sabe, pragmáticos. Así que todo acabará remendándose, como tantas otras veces. Pero, mientras la lluvia arrecia, desde la consellería del señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, se ensaya todo tipo de maniobras de distracción: tolerancia con los okupas, legalización de las drogas. La buena gente se rasga las vestiduras, escandalizada, o se lanza de cabeza a una polémica, la de esta legalización, que es tan vieja como la revolución de mayo del 68. Pero todo sirve para alejar la discusión de ese núcleo central que, como la opa de Gas Natural sobre Endesa, tan declaradamente apoyada por Montilla en sus tiempos de ministro de Industria, va a hacer que todo lo actuado se quede en nada. Y lo actuado fue mucho. Qué follón más innecesario, Señor.

Fernando Jáuregui