MADRID 25 Jun. (OTR/PRESS) -
¿Llevaría usted a su padre a las Urgencias de un gran hospital si supiera que quien las dirige es responsable de 'mala práctica médica' continuada, reconocida en una sentencia judicial? ¿Creería usted que ese médico debería ser inmediatamente removido de su puesto ante la más mínima sospecha? ¿Le parecería a usted bien que ese médico sedara a su familiar, que no era un enfermo terminal, sin su consentimiento informado, que es obligatorio, y que esa sedación eliminara cualquier posibilidad de supervivencia? ¿Entendería usted que algunos partidos, sindicatos y ayuntamientos se pusieran del lado de los médicos y no de las víctimas? ¿Qué pensaría usted si supiera que, desde que ese doctor fue sustituido por otro, las muertes en Urgencias en ese hospital han disminuido en un 47 por ciento? ¿Entendería usted que se aplicaran sanciones deontológicas a quienes han incumplido normas éticas, realizado actuaciones cuando menos irregulares y han convertido en culpable a quien veló por los intereses de los ciudadanos?
Pues todo eso ha sucedido en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El juez, en una durísima sentencia, describe la reiterada mala praxis médica, pero concluye que es imposible saber si los pacientes murieron por los efectos de la sedación -en algunos casos, reitera la sentencia, expresamente contraindicada- o por su enfermedad inicial, máxime cuando no hubo autopsias. Y añade que había otras alternativas y que no se hicieron estudios clínicos previos necesarios. Este fallo judicial tan severo para los profesionales acusados lo han presentado éstos como una victoria. La historia de la sedaciones indebidas en el Hospital Severo Ochoa, la ajustada decisión del consejero de Sanidad de remover de un puesto de libre designación al médico responsable -avalada posteriormente por los tribunales- y todo lo que ha pasado desde entonces es una historia de demagogia en grado superlativo. Una utilización nada ética de una grave responsabilidad que los ciudadanos ponemos en manos de los médicos.
Cuando un ciudadano ingresa en un hospital tiene derecho a un adecuado tratamiento, a una información completa, a un consentimiento informado sobre lo que los médicos le van a hacer -es obligatorio para los médicos contar con él por escrito, lo que tampoco sucedía en las Urgencias de Leganés- y a un estricto cumplimiento deontológico de las normas profesionales. Las sedaciones en el Severo Ochoa fueron indebidas y peligrosas según el juez. ¿Y no va a pasar nada, no va a tener consecuencias? Las víctimas tienen derecho a un resarcimiento y la sociedad a no ser engañada.
Francisco Muro de Iscar