MADRID 27 Mar. (OTR/PRESS) -
A veces, para valorar en su justo término la magnitud de una barbaridad basta con reflejarla en el espejo. El PP ha decidido boicotear la acción informativa del Grupo PRISA vetando la presencia de sus líderes en cualquier entrevista, tertulia o programa en todos sus medios. Y se ha aplicado inmediatamente a la tarea. Imaginemos por un momento la acción contraria, que una empresa periodística emitiese un día un comunicado en el que se anunciase el veto a los dirigentes, votantes y simpatizantes del PP en cualquiera de sus medios. No es muy difícil intuir la reacción de los afectados, ni los calificativos que recibiría la medida, ni las descalificaciones lanzadas contra quien tuviese la ocurrencia, así que nos ahorraremos adjetivos.
En España creíamos caducada la persecución al desafecto, pero parece que no es así. Jesús de Polanco pudo comprobarlo durante el primer gobierno del PP, cuando intentó desbaratar su proyecto de televisión digital vía satélite y cuando un juez prevaricador, Javier Gómez de Liaño, intentó meterlo en la cárcel con acusaciones falsas de estafa y apropiación indebida. Esta animadversión por el jefe se ha derivado históricamente a los profesionales que trabajan en el Grupo PRISA. En la Cadena SER no olvidamos fácilmente a Álvarez Cascos proclamando en el Congreso que "es incompatible trabajar en PRISA y servir al interés general"; ni a Trillo lanzando un euro a una compañera cuando le hizo una pregunta incómoda sobre las armas de destrucción masiva de Irak; ni a Piqué ignorando la pregunta de otro redactor de la cadena por ser de la SER; ni a Michavila haciendo una gracia machista al oído de Acebes sobre la capacidad de nuestras becarias; ni a Esperanza Aguirre lanzando una alabanza envenenada a un excelente compañero arguyendo que era un buen periodista a pesar de trabajar en donde trabaja... Por eso el boicot actual es grave, pero no una gran sorpresa.
En nuestro país la libertad de expresión es tan sagrada como la inmunidad parlamentaria a la que se acogen algunos políticos para lanzar proclamas bárbaras. Ambas tienen los límites de la educación y del delito y sus excesos, si lo son, se dirimen con la réplica o en los tribunales. Intentar acallar al discrepante mediante la presión o el chantaje es propio de otras latitudes o de otros tiempos. Y negar la palabra a una empresa de comunicación no es un castigo al medio, es una ofensa para sus lectores, oyentes o espectadores, que son ciudadanos y votantes que merecen el respeto de sus representantes y no su silencio impuesto.
Cabe esperar que se recupere la cordura, que se impongan las voces de quienes, dentro del PP, consideran excesivo el boicot, lo han criticado y abogan por reconducir la situación. Si es así brindaremos con cava. Si no, habrá que proclamar, como lo hizo Romanones hace un siglo y Rajoy hace unos meses, cuando reconvino con sorna a Aguirre y Gallardón por sus disputas, un contundente ¡Joder, qué tropa!
Isaías Lafuente.