José Cavero.- El agitado debate presupuestario.

MADRID 5 Nov. (OTR/PRESS) -

Después del rechazo a las enmiendas a la totalidad, conseguido gracias al poyo de PNV y CC al Gobierno, se ha regresado al debate y votación de las restantes enmiendas parciales. Este miércoles, el debate pasó por un momento de tensión, y hasta de crispación, cuando los partidos contrarios a los presupuestos -todos menos PSOE, PNV y CC- trataron, una vez más, eliminar la congelación de las pensiones, que es un propósito en el que vienen coincidiendo con tenacidad populares, convergentes y la izquierda parlamentaria. Pues bien, de nuevo, el Gobierno evitó, con sus socios del PNV y de Coalición Canaria, tener que desdecirse de votaciones anteriores para apoyar esa congelación de las pensiones. El Ejecutivo recurrió, para ello, a un instrumento legal, pero de uso restringido, del veto, e impidió que el Congreso votara las enmiendas de siete partidos de la oposición (PP, ERC, IU, ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai). El instrumento de veto es un artículo de la Constitución que permite al Gobierno impedir iniciativas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos.

Finalmente, tras un "impasse" que molestó vivamente a algunos parlamentarios, y tras el tumulto que protagonizó Pujalte, a media tarde, poco antes de la votación, llegó finalmente el escrito del Gobierno que debería haber sido aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes. El letrado de la Comisión envió al Gobierno 300 enmiendas para tener su conformidad y, finalmente, el veto se aplicó a 22 de ellas. Cabe recordar que, desde que, en mayo pasado, se aprobó el decreto que incluía la congelación de pensiones, se han aprobado media docena de proposiciones no de ley de todos los grupos en contra, y desde entonces votaron en contra del Gobierno, en todas esas ocasiones, PNV y Coalición Canaria, ahora socios parlamentarios tras haber firmado un pacto de estabilidad. Ahora los diferentes grupos quisieron llevar esa mayoría a proposiciones de ley, es decir, con carácter vinculante, y se han tropezado con el veto del Ejecutivo, que, además, comprobaba la eficacia del pacto con PNV y CC, que están garantizando al Gobierno una tramitación plácida de los Presupuestos, la más tranquila desde 2004.

Como decíamos, el PP montó un gran escándalo y sus portavoces, Cristóbal Montoro y Vicente Martínez Pujalte, hablaron de "violentar las reglas elementales de nuestra democracia" y de "tropelía contra los derechos de los diputados". Pero sucede que, según la ley, "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, debe requerir la conformidad del Gobierno para su tramitación", según se establece en el artículo 134.6 de la Constitución, que viene a suponer que se faculta de esta forma al Gobierno a vetar las iniciativas que tengan coste. Los Gobiernos de Felipe González sólo utilizaron esa prerrogativa en una ocasión, pero se produjo tal escándalo parlamentario, con plante incluido de la oposición, que finalmente retiró el veto. En cuanto a los Gobiernos de José María Aznar nunca la utilizaron en ocho años. En cambio, con José Luis Rodríguez Zapatero ha sido utilizada en más de sesenta ocasiones. Hace dos años se utilizó para vetar enmiendas a los Presupuestos, el año pasado para impedir que se votaran las del PP contra la subida del IVA que había entrado en vigor meses antes, y ahora ha sido empleada para impedir la votación de 22 enmiendas de distintos grupos parlamentarios.

La principal es la que hace referencia a la congelación de pensiones, pero hay también vetos a enmiendas sobre tributos de las comunidades autónomas. Además, en los últimos meses el Gobierno ha vetado proposiciones de ley de PP, CiU y ERC contra la congelación y que tenían posibilidad de prosperar porque sólo el PSOE se oponía. Explicaron populares y convergentes que sus enmiendas llevaban contrapartidas para compensar el aumento de gasto, pero el PSOE aseguró que el veto del Gobierno estaba fundamentado y, según su portavoz, Francisco Fernández Marugán, es perfectamente legal. Pero la batalla aún continuará, y el PP se propone recurrir a la Mesa y anticipa que terminará por llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Por lo demás, en el trámite de Comisión, el PSOE pactó enmiendas con todos los grupos, salvo PP, UPyD y UPN. Las enmiendas pactadas suponen 60 millones de euros. Corresponden a CiU y BNG 20 millones; 10 a ERC y cinco a ICV e Izquierda Unida. El rodillo parlamentario de PSOE, PNV y CC, más aún el veto del gobierno, se impusieron...