José Cavero.- Escándalo o hipocresía en la campaña

MADRID 19 May. (OTR/PRESS) -

A medida que avanzaba la mañana del jueves se pudo pensar que el fiscal Conde Pumpido, con sus declaraciones sobre "el Guantánamo legal" de la ley de partidos, se llevaría la mayor cuota de atenciones y comentarios. Pero no ha sido así, y la cuestión que ha ido creciendo y a la que todos parecen obligados a referirse, es la pregunta de Miguel Sebastián a Ruiz Gallardón sobre la abogada Montserrat Carulla. Una y otra vez, Sebastián insiste en que se limitó a preguntar si el alcalde había tenido tratos de favor con esta colaboradora de Juan Antonio Roca, en libertad bajo fianza de 60 mil euros por eventual delito de blanqueo de dinero. Pero Gallardón y su partido, y los analistas y comentaristas afines, están de acuerdo en denunciar el acoso que el candidato socialista hizo a la vida privada del candidato y alcalde. De poco sirve argumentar que en las publicaciones que blandió Sebastián se planteaba la duda de si Carulla había conseguido lo que se proponía: que la alcaldía de Madrid diera trato de favor a los planteamientos de Montserrat, cuya misión -habían explicado 'Tiempo' y 'Epoca'- era convertir tres palacetes madrileños en prósperos hoteles de lujo.

¿Lo logró o no? Parece que no, o así lo aseguran medios del ayuntamiento. Pero el alcalde, con Rajoy y otros dirigentes del PP, prefieren mantenerse en la actitud altiva y orgullosa de quien se considera injuriado por la sospecha de relaciones bajo sospecha. Posiblemente sea uno de los elementos clave de la áspera campaña a la que los ciudadanos asistimos: los delitos o faltas ajenos, reales o eventuales, son gordísimos y los propios perfectamente disculpables y nimios. El PP insiste en la serie de corrupciones urbanísticas protagonizadas por alcaldes y concejales socialistas, en Ciempozuelos como el Ibiza. Pero prefieren olvidarse de Andratx o de Alhaurín, por citar un par de casos de cada parte, que podrían probablemente elevarse a una veintena...

Y es que, tal y como era previsible, la corrupción urbanística se viene planteando como uno de los asuntos más graves y que en mayor medida deterioran nuestro grado de calidad democrática. El ciudadano tiene la impresión de que los concejales de urbanismo, probablemente con excepciones, son aspirantes claros a millonarios y a golfos por razón de actuaciones nada santas. Precisamente, para tratar de afrontar esa situación, o esa sospecha extendida, el Gobierno de Zapatero ha querido aprobar una ley del Suelo que, acaso -hay muchas dudas sobre su eficacia- ayude a afrontar tan gravísimo y extendido problema, del que la Marbella de Gil y de Muñoz y de Roca, ente cien sospechosos más, es la principal referencia.

JOSE CAVERO