José Cavero (2, 2ª parte).- A Rajoy no le gusta la nueva financiación autonómica

MADRID 31 Dic. (OTR/PRESS) -

El Gobierno presentaba, de este modo, los detalles del nuevo sistema de financiación que, como principal novedad, incluye la creación de un "fondo de competitividad" para compensar a las comunidades con mayor capacidad de recaudación. Con este sistema se garantizará que si una comunidad que aporta más al sistema se queda por debajo de la media en recursos por habitante, el Estado la ayudará con fondos adicionales, según ha explicado el vicepresidente Solbes. Otra de las novedades del sistema es la cesión de más autonomía en el IRPF. El Estado va a permitir a las comunidades tocar los mínimos personales y familiares que fija el Gobierno, y van a poder planificar los tramos del impuesto. La propuesta reduce además las transferencias del Estado del 30% al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederán de los impuestos cedidos, frente al 70% actual. El Gobierno prevé un incremento en la cesión la cesión del IRPF y el IVA que llegará al 50% y el 58% en los impuestos especiales. Solbes confirmaba, además, el anunciado tercer fondo para las comunidades con menor renta además de los ya existentes, de nivelación de servicios y de solidaridad. Éste forma parte, junto con el de competitividad, de lo que se ha denominado fondos de convergencia. Además de compensar a las comunidades con menos riqueza relativa y a las que tiene mayor capacidad de recaudación, el nuevo modelo incluirá "nuevos criterios de ajuste de la población" y cumplirá "con las previsiones de todos los estatutos de autonomía", según Solbes, quien ha insistido en que la mayor parte del dinero -más de dos terceras partes- que aportará el Estado será para asegurar que todas las comunidades tengan el mismo nivel de recursos por habitante en Salud, Educación y Servicios Sociales. El Estado aportará de forma gradual, a los largo de tres años, dinero adicional a las comunidades. La mayor de estos nuevos fondos, que Solbes no ha concretado, responden a la actualización de la población. El sistema actual utiliza el padrón del 99 y a partir de ahora se actualizará año a año. El ministro de Economía no ha concretado las cifras del nuevo modelo y ha señalado que la negociación continúa y que el objetivo ahora es cerrar al acuerdo con las comunidades antes de final de enero. Las "virtudes" del modelo, según ha explicado la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, son que se ha ido tejiendo con "transparencia" y "diálogo", tras escuchar los diferentes problemas de cada comunidad. "El actual modelo no funcionaba, no era suficiente para prestar servicios a los que los ciudadanos tienen derecho", ha asegurado Pajín, quien destacó que la nueva propuesta cuenta con la aprobación de la mayoría y su objetivo es "perdurar en el tiempo". El modelo vigente se aprobó en julio de 2001 y entró el 1 de enero de 2002.

En materia de atenciones sanitarias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pùblica,FADSP, ante la negociación del acuerdo de financiación de las CCAA, ha querido señalar, primero, que el actual modelo de financiación autonómica impuesto en su día por el PP ha fracasado porque tiene una notoria insuficiencia de recursos para atender los servicios transferidos, no considera la evolución de la población y en el caso concreto de la Sanidad no tiene carácter finalista por lo que es cada Comunidad Autónoma la que decide los recursos que se destinan a esta y tal y como se ha demostrado por el seguimiento realizado por la FADSP ello supone una gran desigualdad en la financiación per cepita entre CCAA. Añade que, en su opinión, el nuevo modelo que se esta negociando tiene evidentes mejoras, como son un aumento de los fondos destinados a las autonomías y una consideración mas flexible del criterio poblacional que pueda reflejar los incrementos que se están produciendo en la misma. Además, indica que la creación de un fondo especifico de nivelación para los servicios básicos (educación, sanidad y dependencia) parece una medida positiva, siempre y cuando se asegure el carácter finalista de las nuevas aportaciones para evitar que estas, como ha sucedido en el pasado, acaben dirigidas a fines que nada tienen que ver con estos servicios públicos fundamentales. Y señala, por último, la conveniencia de que sea aprobado un Plan Integrado de Salud, tal y como establecía ya la Ley General de Sanidad en 1986, para establecer los objetivos centrales del Sistema Nacional de Salud y consecuentemente la financiación del sistema sanitario. En fin, señala que llama la atención el escaso papel que esta teniendo el Ministerio de Sanidad en este debate, cuando la Sanidad es precisamente el centro de las argumentaciones tanto del gobierno central como de los de las CCAA.

José Cavero.