José Cavero.- Punto muerto en la renovación del TC

MADRID 30 Ago. (OTR/PRESS) -

Así describe el analista político de la Vanguardia la situación ante la renovación del Tribunal Constitucional: Ni un respiro tras la sentencia del Estatut. Espadas en alto y guerra abierta por el control del Tribunal Constitucional (TC). Y señala que así están las cosas entre el PSOE y el PP en cuanto a la negociación para su renovación. El fallo sobre la reforma estatutaria debía desbloquear las conversaciones, en punto muerto desde hace muchos meses pese a haberse activado los mecanismos para llevar a cabo relevos a partir de septiembre.

El Gobierno y el PSOE quieren forzar la máquina de la renovación, comenzando por el Senado, la cámara a la que corresponde designar a los primeros cuatro magistrados. El PP se va a resistir a cambios sustanciales en la correlación de fuerzas en el seno del Tribunal, una institución que se ha convertido en sumamente esencial, porque tendrá la última palabra en las leyes más polémicas de los mandatos del presidente Zapatero.

Según este análisis, Manuel Aragón y Pascual Sala son los miembros del TC con más probabilidades de obtener la presidencia del TC en cuanto se produzca su primera renovación, que corresponde al Senado. Ambos tienen todavía tres años de mandato por delante. Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, fue nombrado a propuesta del Gobierno y Sala, por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, del que fue presidente. En teoría, ambos pertenecen al sector progubernamental.

Sin embargo, han tenido un papel muy opuesto en el debate del Estatut. La sentencia se amoldó a los criterios de Aragón, cuyo voto era imprescindible para frenar al sector conservador. Aragón insistió en que todos los pronunciamientos esenciales sobre la existencia de una sola nación, la española, y su indisolubilidad, debían figurar en el fallo. El pulso supuso casi dos años de discusiones y la pérdida de predicamento de Aragón en los círculos gubernamentales. Sala, por el contrario, siempre apoyó a Eugeni Gay en defensa de una lectura más abierta de la Constitución y el Estatut.

Aragón y Sala encarnan, pues, dos filosofías sobre la evolución del Estado autonómico. Para la vicepresidencia hace tiempo que suena el magistrado Ramón Rodríguez Arribas. En cuanto a los cuatro magistrados que concluyeron su mandato en diciembre del 2007 y cuya sustitución corresponde al Senado, son María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, presidenta y vicepresidente, respectivamente, y los jueces Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. Los tres últimos fueron nombrados a propuesta del PP. Casas lo fue por iniciativa del PSOE. Ahora, el grupo socialista quiere reequilibrar las cosas y proponer al menos a dos de los nombramientos del Senado.

Está previsto que, para proceder a la renovación, el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, reunirá en los primeros días de septiembre a la comisión de nombramientos. Rojo persigue que la votación de los nuevos magistrados tenga lugar en la primera sesión plenaria, que tendrá lugar la tercera semana de septiembre. El presidente del Senado ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para poner fin a una situación que se arrastra desde hace casi tres años.

La intención del PSOE es que el proceso en el Senado no pueda detenerse por polémicas sobre los nombres de los candidatos. El PP, a su vez, no está dispuesto a aceptar pactos de adhesión y quiere que se respeten sus condiciones. Su objetivo es seguir contando con una fuerte influencia en el TC, y que el sector conservador de esta institución -que ahora equivale a la mitad de sus miembros- no sufra merma. Cabe recordar que, durante el mes de julio, compareció en el Senado la veintena de candidatos propuestos por los Parlamentos autonómicos.

El PP había presentado en todos los casos al presidente del Supremo, Francisco Hernando, y al magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la anterior legislatura. Los servicios jurídicos de la Cámara Alta han estimado que López no llega al mínimo de quince años de ejercicio como jurista, por lo que, en principio, su nombre ha caído de la lista de candidatos. Tanto en medios del PSOE como del PP se cree que ante esta circunstancia será preciso volver al sistema antiguo y que sean los grupos los que afronten el problema con la propuesta de otro candidato impulsado por los populares en sustitución de Enrique López. Ello podría facilitar los acuerdos. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, estaría dispuesto a estudiar esta vía si la candidatura de López resulta definitivamente eliminada.

En cuanto se reanuden las conversaciones, el PSOE quiere negociar también con CiU y PNV para contar con alguno de sus candidatos y redondear una "operación envolvente" en torno al PP, impulsándole a negociar. Sus votos son imprescindibles, por cuanto los nombramientos deben acordarse por mayoría de tres quintos. La segunda renovación de cuatro magistrados del Constitucional se prevé para diciembre. Los sustitutos de Javier Delgado, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Roberto García-Calvo, fallecido en mayo del 2008, y corresponden al Congreso. El PP quiso negociar hace dos años la sustitución de García-Calvo, del sector conservador, pero el PSOE reclamó una negociación global para mantener el equilibrio. Ahora ambos partidos defienden un pacto que abarque a los ocho magistrados pendientes de ser sustituidos.

Esta es otra cuestión pendiente para el nuevo curso político...