José Luis Gómez.- A vueltas con España.- El dinero del poder

MADRID 27 May. (OTR/PRESS) -

Es verdad que en España ya se han reformado estatutos tan importantes como los de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía, pero en el ambiente político del país -ni siquiera tras una campaña de elecciones autonómicas en muchas comunidades- se respiran pocos aires autonomistas. La fiebre del 2004 que desató la llegada al poder de Rodríguez Zapatero parece haberse enfriado, sin que se hayan resuelto casos tan importantes como los de Euskadi -fracasado el Plan Ibarretxe- o Galicia, en este caso debido a la cerrazón del PP de Madrid.

El modelo territorial volvió al epicentro del debate político un cuarto de siglo después de ser el principal quebradero de cabeza en el proceso de gestación de la Constitución del 78. Es indiscutible que poco se parece aquella situación a ésta, más aún si cotejamos los datos de 1982, apenas dos años después de arrancar el Estado de las Autonomías, con los actuales. En el 82, el gasto público de la Administración central suponía el 79,7%, las recién estrenadas comunidades representaban el 7,7% y los municipios el 12,7%. En la actualidad, el gasto de la Administración General del Estado es inferior al 50%, las autonomías superan el 35% y los gobiernos locales gestionan el 15%. Por eso, entre otras razones, se debate sobre un nuevo modelo del Estado.

También se han cumplido 25 años de la elección de los primeros ayuntamientos democráticos, en 1979, sin que hayan sido capaces de superar su condición de cenicienta del Estado autonómico. Los ayuntamientos han tenido -y siguen teniendo- un papel fundamental en la construcción de la democracia, pero ésta, como denunció en su día Francisco Vázquez, ex presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido cicatera a la hora de otorgarle medios financieros y competencias, a pesar de lo cual han afrontado la situación, con el mérito añadido de hacer frente a la súbita multiplicación de la inmigración. Hoy por hoy los ayuntamientos gestionan alrededor del 15% del gasto público, porcentaje que está lejos de la media de los países de estructura federal consolidada (20%), de ahí que no les falte razón a los alcaldes cuando dicen que debería ser un objetivo aumentar su poder financiero.

José Luis Gómez