Ramón Pi.- Desde la libertad.- Un caso límite

MADRID 16 Mar. (OTR/PRESS) -

Inmaculada Echevarría ha muerto. La causa inmediata de su muerte ha sido la retirada del respirador que la mantenía con vida. La Junta de Andalucía ha considerado que, ya que ella quería morir, la retirada del ventilador pulmonar se consideraba como la cesación de una terapia que la paciente rechazaba, en virtud de su autonomía para tomar tal decisión.

Se comprende que la Junta de Andalucía actúe de esta manera, porque es la única forma de no admitir la comisión de un delito de homicidio, pero esa interpretación interesada es sumamente discutible, y el fiscal tiene la obligación de poner el caso en manos de un juez, para que sea éste quien dictamine finalmente si la conducta de los implicados en la retirada del ventilador fue o no delictiva. Eso, al menos, sería lo prudente, porque estamos ante lo que se conoce como un "caso límite", que no debería jamás dejarse a una resolución administrativa, sobre todo si lo sucedido con Inmaculada Echevarría se ajusta como un guante a la figura de homicidio descrita en el Código Penal en su artículo 143.4: "el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".

Pero el fiscal, que sepamos, está quieto como una estatua, mirando hacia otro lado. Esta actitud, además de difundir una honda desconfianza hacia el respeto al imperio de la ley que observan los obligados a cumplirla y hacerla cumplir, es toda una invitación a los promotores de leyes eutanásicas para que sigan presionando. Esos emisarios de la muerte pretenden una legislación general para casos límite, lo que es una contradicción de términos, porque los casos límite, por su naturaleza, tienen que examinarse uno a uno, y si el valor de la vida es -como dijo Rodríguez Zapatero para justificar los beneficios penitenciarios a De Juana Chaos- un "valor supremo" protegido por las leyes, con más razón todavía. Y ha de ser el juez, y no un burócrata administrativo, el que resuelva caso por caso.

Pero me temo mucho que todo lo que llevo dicho sea escribir en el agua: hace ya tiempo que las autoridades se han olvidado de que su acción ha de ajustarse a la ley, en lugar de retorcer la ley para que se ajuste a su acción.

Que descanse en paz la desventurada Inmaculada Echevarría, que quería morir porque, según ella misma dijo, su vida era "soledad, vacío y opresión", y "no es justo vivir así".

Ramón Pi.