A juicio presidente de Porcelanosa, exviceconsejero aragonés y otros 23 imputados

   ZARAGOZA, 4 Mar. (OTR/PRESS) -

   El magistrado instructor del denominado 'caso Plaza', por la Plataforma Logística Plaza de Zaragoza, en cuya ejecución se produjo un desvió de 147,3 millones de euros entre el coste de las obras certificadas y las valoradas por un perito, ha comunicado este viernes a las partes personadas en el proceso el auto de apertura de juicio oral por lo que a partir de este momento se dará traslado del sumario a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que será el tribunal encargado de la celebración del juicio.

   Veinticinco acusados, entre los que se encuentran el presidente y consejero delegado solidario de Porcelanosa, Manuel Colonques, encausado como administrador de la sociedad Maguitel, y el que fuera viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés por el PSOE-PAR (2008-2011), Carlos Esco, se sentarán en el banquillo.

   Deberán responder de diez delitos económicos, prevaricación, fraude y exacción ilegal, malversación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

   Al no haberse formulado acusación alguna, ni por parte del Ministerio Fiscal, ni por las acusaciones particulares el magistrado decreta el sobreseimiento de las actuaciones frente a María Del Carmen Castillo Arévalo, por petición expresa del Ministerio Fiscal quien solicitó al instructor el sobreseimiento parcial provisional del caso respecto de esta investigada, informó este viernes la judicatura.

   En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para José Ricardo Garcia Becerril, exgerente de la Plataforma Logística Plaza, 23 años de prisión; para José María Jordán Rando, ejecutivo de Acciona y posteriormente gerente de la UTE Acciona-MLN, y para Nicolaas Adrianus Groeneveld, más de 10 años para cada uno de ellos; para Julio Carlos Escó más de 7, y más de 5 años de prisión para Manuel Miguel Colonques y los mismos años para Agapito Iglesias, quien fuera propietario del Real Zaragoza.

   El Abogado del Estado solicita para José Ricardo García Becerril una pena de prisión de dos años por un delito contra la Hacienda Pública, así como la inhabilitación para el ejercicio de industria y comercio, una multa de 400.000 y la pérdida del derecho a poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.

   En cuanto a las medidas de situación personal, adoptadas durante la instrucción del caso y referidas a la limitación de la libertad personal y las obligaciones de presentación en el juzgado de los acusados, el magistrado ha decidido en su resolución que se mantengan tal y como están a día de hoy y para garantizar el pago de las responsabilidades civiles, solicita el instructor en su auto a los acusados el ingreso de un total de 149.108.735,92 euros y para garantizar el pago ante la imposición de posibles multas un total de 11.019.575 euros.

   En su escrito de acusación, solicita el Fiscal que José Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez Cervantes, José María Jordán Rando, José Luis Rodríguez Cachafeiro y Nicolaas Adrianus Groeneveld indemnicen a "Plaza, S.A." en la cantidad de 147.298.216,75 euros. De Francisco Hernández Fuertes, solicita el Fiscal que indemnice a Plaza S.A. con 148.657,40 euros.

   La denuncia por estas obras fue presentada en el Juzgado de Guardia de Zaragoza el 14 de agosto de 2013 por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada quien consideró que hubo un plan urdido en 2002 por los principales responsables para ejecutar las obras de esta plataforma logística, la mayor de Europa, y obtener beneficios.