- Mantiene la imputación que pesa sobre los mandos policiales de los agentes
MADRID, 6 Nov. (OTR/PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, anuló hoy la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de imputar por un delito de falsedad documental a los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron el 'Informe del ácido bórico' en el que se relacionaban los atentados del 11-M con la banda terrorista ETA. La magistrada cree que no existe tal delito ni conducta alguna de manipulación del mismo y, sin embargo, mantiene la imputación que pesa sobre los mandos policiales de los tres agentes, contra quienes se dirige la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
Gallego afirma que las diligencias desarrolladas hasta el momento "no ofrecen datos bastantes determinantes" para determinar si los peritos incurrieron en un delito de falsedad documental. De esta manera, rechaza que los peritos alterasen el citado informe, simulando la fecha de firma y creación. Así, explica que "en modo alguno" supone una alteración que el perito Manuel Escribano "extrajera de su archivo informático, imprimiera y firmara, en fecha 11 de julio de 2006, otra copia del informe pericial elaborado el 21 de marzo de 2005, manteniendo su misma fecha de creación e intacto su contenido y firmándolo también los otros dos peritos autores".
Por esta razón, Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique "no incidieron" en el "aspecto formal" del documento "que permaneció intacto" ni en el contenido ni en la fecha "ni, por supuesto, en la relación a la identificación de sus autores". Gallego concluye que no existen indicios de que los tres peritos tuviesen otro propósito que el de recuperar el informe que habían elaborado en marzo de 2005 tras comprobar que no se encontraba en el sobre donde debía estar, lo que trasladaron al jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, José Andradas.
Por el contrario, la juez mantiene la imputación que pesa sobre los mandos policiales contra quienes se dirige la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Por su parte, el juez Garzón imputó a los tres peritos por un delito de falsedad documental por haber firmado y presentado ante el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, un borrador con "carácter de documento interno no oficial" que fue rechazado por su superior directo, Francisco Ramírez "sin advertirle de la alteración que simulaba la fecha de firma y creación de documento". Además, no halló vinculación de los superiores con este asunto y los exculpó del caso.
RESPUESTA A LA ABOGACÍA
La juez de Madrid también se refiere en su auto al recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado contra su decisión de dejar sin efecto su personación en las diligencias, mientras que no justificase "en debida y legal forma" la condición que le correspondería ostentar en estas diligencias.
Matiza que desde la imputación el 29 de septiembre de los peritos hasta que Garzón se inhibió el 5 de octubre de la investigación, la Abogacía del Estado no se personó ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, pese a que, según la juez, "ya era conocedora de la imputación" de los tres funcionarios.
Según la juez Gallego, el abogado del Estado presentó su personación tras la inhibición de Garzón, a la que se accedió, "aún cuando estas diligencias ya tenían la condición de secretas para todas las partes, excepto la Fiscalía de Madrid". Por ello, señala que no cabe esgrimir "ninguna" vulneración al secreto de las actuaciones, puestos que "estas consideraciones que se antojan" son ajenas a "la presente resolución".