Crónica Empresas.- El Tribunal de Justicia europeo condena a España por permitir ayudas fiscales a empresas en Euskadi

- El Gobierno vasco otorgaba un crédito fiscal a la inversiones y la exención parcial del pago de impuestos

MADRID, 14 Dic. (OTR/PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó hoy a España por permitir que se sigan concediendo ayudas fiscales ilegales a las empresas instaladas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y por no haber recuperado las subvenciones otorgadas en el pasado, a pesar de que así se lo había ordenado el Ejecutivo comunitario en 2001. Las ayudas en cuestión son el crédito fiscal del 45% a las inversiones y la exención parcial del pago del impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación, las denominadas 'vacaciones fiscales'.

Esta disputa se remonta a 1999, cuando Bruselas inició varios procedimientos a España por los sistemas de ayudas a la inversión en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En 2001, la Comisión concluyó que dichos sistemas eran ayudas estatales ilegales, incompatibles con el mercado interior, y conminó a España a poner fin al sistema y tomar las medidas necesarias para recuperar las ayudas entregadas, de las que debía informar a Bruselas en el plazo de dos meses (antes del 13 de septiembre de 2001)

La Comisión decidió que las autoridades españolas debían derogar esos regímenes, suspender el pago del posible saldo de las ayudas aún no desembolsadas y recuperar "por todos los medios necesarios" las ayudas ya concedidas. En la sentencia difundida ahora, el Tribunal de la UE constata que España no ha demostrado haber adoptado las medidas adecuadas para impedir que las resoluciones de concesión de la ayuda siguieran produciendo efectos.

La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia europeo constata que España no ha adoptado medidas adecuadas para impedir que estas ayudas ilegales se sigan concediendo. A esto se suma que España no ha recuperado las ayudas y apuestas a disposición de las empresas. Para el Tribunal de Justicia Europeo no es suficiente con que el Gobierno se limite a comunicar a la Comisión las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la ejecución de la decisión.

EMPRESAS INFORMADAS

Durante la vista sobre el caso, el Gobierno español aseguró que, cuando el Ejecutivo de la UE presentó la denuncia ante el Tribunal de la UE, a finales de 2005, ya se habían puesto en marcha las actuaciones necesarias para cumplir las decisiones y las había notificado a la Comisión.

Así, España aseguraba que informó a las empresas afectadas de que ya no podrían seguir beneficiándose de las ayudas fiscales y que, con objeto de recuperar las ya otorgadas, incoó procedimientos nacionales de revisión de los actos anulados