Antonio Casado.- La alcaldesa prohibida.

MADRID 2 Sep. (OTR/PRESS) -

Veinticuatro horas después del viaje del ministro Fernández Díaz a Tetuan para disculparse por el episodio de la Guardia Civil con la lancha del rey Mohamed VI, el Gobierno marroquí prohibía el viernes último la entrada en El Aaiún, capital del Sahara, de cuatro ciudadanas españolas, una de ellas la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón. Una vez más el país vecino invocaba el artículo 33, o sea, su real gana, porque ningún título de soberanía le autoriza para ejercer el ordeno y mando en un territorio que, a la luz del derecho internacional, sigue estando "pendiente de descolonización" (doctrina vigente de la ONU).

La alcaldesa, que viajaba a titulo personal, simplemente agregada a una iniciativa de la sociedad civil, formaba parte de una delegación de asociaciones de Castilla y León solidarias con el pueblo saharaui. Simplemente eso. Pura iniciativa civil. Nada de política. Nada de activismo, salvo el saludable activismo en defensa de las leyes, las nacionales, defendidas con razón por el Gobierno en el caso de Cataluña frente al delirio segregacionista, y las internacionales, de obligado cumplimiento para los países miembros de las Naciones Unidas.

Nada que esconder. Las cuatro mujeres de la delegación (Rosa, Inés, Verónica y Maria) estaban inscritas en el registro de viajeros para volar de Las Palmas a El Aaiún. Sin embargo, Marruecos una vez más se ha pasado por el arco del triunfo el respeto a la legalidad internacional y los derechos civiles, como el de la libre circulación. En este caso, la libre circulación de los ciudadanos españoles por unas zonas para las que ni siquiera se necesita un visado.

Un intimidatorio despliegue policial les esperaba en el aeropuerto. Al ver el recibimiento, el comandante del vuelo, Bernardo Pérez, pidió garantías de que, si iban a bajar del avión, se respetase la integridad física y la libertad de movimientos de la las cuatro pasajeras. Como no las obtuvo, permitió que subiera a bordo alguien que se identificó como alcalde de El Aaiún -al parecer, un jefe policial-, y preguntó directamente por la alcaldesa, acusó a las cuatro mujeres de activismo político y las conminó a regresar inmediatamente a Las Palmas.

Querían conocer las condiciones de vida de nuestros antiguos compatriotas. Y ayudar en lo posible por su cuenta y riesgo, no por cuenta del PP, ni del Ayuntamiento de Zamora, ni mucho menos del Gobierno español. A título personal y por razones de conciencia. Su único pecado es el de querer ser solidarias con esos antiguos compatriotas nuestros, los saharauis, cuya causa se ha ido perdiendo en la polvareda como parte del precio a pagar por el dique marroquí frente al avance del radicalismo islámico y la política de buena vecindad practicada por el Gobierno Rajoy, y antes por los Gobiernos socialistas, a diferencia de lo que ocurrió con Aznar, que siempre trató a cara de perro con Marruecos